La preocupación que mueve intenciones de evitar en la población la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas ha existido y consagrado por ley por mucho tiempo y en el propósito coinciden autoridades que tienen que velar por la salud comunitaria y los propios fabricantes que publicitan sus ofertas advirtiendo de posibles efectos negativos y llamando al consumo responsable.
El fin básico de legislaciones y regulaciones, y de las políticas de mercadeo que promocionan marcas que no esconden riesgos, no es evidentemente negar derechos a mayores de edad a la preferencia para tomar líquidos. Sería, por el contrario, generar conductas colectivas de moderación. Ni al Gobierno ni a los envasadores se les podría recriminar el acierto de contraponerse a extralimitaciones estando tan precisamente establecidos los daños asociados a contenidos de botella cuando de ellos se llega a los extremos.
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Tiene propósitos sanitarios realistas limitar el alcance en venta libre de sustancias que alteran comportamientos y la percepción de los sentidos y que por su alto fluir por la sangre restan racionalidad, incapacitan para conducir y vuelven a quienes se pasan de copas más vulnerables incluso a la delincuencia que mucho opera de madrugada.
Está probado su vínculo con accidentes de tránsito y actitudes sociales violentas como la que destruye vidas de mujeres a manos de hombres irascibles, doblemente encendidos por el alcohol, y dominados por un falso sentido de superioridad sobre sus congéneres.