Hoy 
POR GERMAN MARTE
Tras largos debates en torno a la idoneidad o no de una ley que permita a las autoridades derribar o destruir las aeronaves y naves marítimas que violen el espacio aéreo o marítimo dominicano, los diputados no lograron ponerse de acuerdo para aprobar el proyecto de Ley de Interceptación Aérea y Marítima, para el Control del Tráfico de Drogas.
La pieza no logró obtener la votación necesaria para ser aprobada, pues sólo 76 diputados de los 94 registrados en la sesión le dieron el sí, nueve votaron en contra y nueve más se abstuvieron.
El proyecto elaborado por la Comisión Permanente de Control de Drogas y Lavado de Activos fue reintroducido por el diputado José Ricardo Taveras (FNP-Santiago) y en el mismo se destaca que la isla de la Hispaniola es utilizada como el territorio de tránsito para el tráfico de drogas procedente de Suramérica con destino a Estados Unidos y Europa.
Plantea que ante el auge del narcotráfico y sus negativas consecuencias en la sociedad la adopción de medidas de interceptación de naves y aeronaves sospechosas de narcotráfico puede contribuir a disuadir o desviar dichas actividades.
Dice que toda incursión aérea o marítima en operaciones de narcotráfico se reputará como una violación a la soberanía nacional y debe ser tratado como un acto de agresión.
En su artículo cuatro establece que toda aeronave sospechosa será sometida de forma progresiva a medidas de indagación que permitan confirmar la identidad mediante reconocimiento a distancia, confirmación de matrícula, interrogatorio en la frecuencia internacional de emergencia.
En caso de que la nave sospechosa no responda, podrán adoptarse las medidas siguientes: se le indicará por frecuencia un cambio de ruta o bien se le dará la orden de aterrizaje obligatorio.
Presidente autoriza
Como medidas de persuasión se procederá a realizar disparos de advertencia con proyectiles trazadores realizados en forma visible y sin intención de impactar.
Una vez se agoten esas medidas -establece el proyecto- la aeronave será clasificada como hostil, y por tanto, sometida a acciones de derribamiento y destrucción, previa autorización del presidente de la República o por la persona a quien éste le haya delegado la responsabilidad.
El derribo sólo podrá realizarse en el espacio aéreo del territorio nacional y del mar territorial. Toda la acción debe ser grabada.
De forma excepcional, la autoridad delegada podrá autorizar el derribamiento y destrucción cuando las aeronaves interceptadas sean sorprendidas en operaciones características del tráfico internacional de drogas, tales como vuelos a baja altitud para el lanzamiento de pacas, bultos o recipientes hacia el mar o tierra.
Los defensores del proyecto alegan que el narcotráfico pone en peligro la soberanía nacional. Mientras que los opositores estiman que el proyecto tiene figuras contraria a la Constitución como son el juicio sumario y la pena de muerte.
