Unas expresiones recientes del Secretario de la Presidencia, Danilo Medina, hacen temer un nuevo aplazamiento de la instauración de un modelo de Estado en el cual las instituciones y sus leyes, que no los intereses de grupos, sean las que determinen las sanciones o premios a que se hagan merecedores los individuos que hayan ejercido poderes públicos y manejado intereses de la nación.

Esto así, porque ha quedado la impresión de que la divulgación y el curso de los resultados de unas auditorías, que según el propio Medina estremecerían al país, parecen haber quedado a merced del comportamiento que asuma en lo adelante gente que, según parece, podría resultar imputada por eventual manejo inadecuado de poderes o recursos públicos.

Ocurre que puestas las cosas en la tónica que se desprende de la declaración que nos ocupa, las derivaciones de los resultados de esas auditorías, las responsabilidades judiciales, si las hubiere, están siendo objeto de un manejo político que exige algún tipo de sumisión, cuando lo procedente sería que los informes de auditoría sean divulgados para conocimiento público y puestos en las manos de las instancias judiciales que correspondan.

-II-

Siempre hemos propugnado que haya un deslinde inconfundible entre los asuntos del Estado y su institucionalidad, y lo que corresponda al ejercicio político, sobre todo cuando ese ejercicio tiene lugar desde el poder.

Esa convicción es la que justifica que hayamos censurado el hecho de que el Partido Revolucionario Dominicano haya tomado como ariete una parte del Poder Legislativo, el senado en este caso, para tratar de torcerle el brazo al Poder Ejecutivo, entorpeciendo la marcha institucional del país para defender intereses de esa organización política.

El manejo de las auditorías como arma política y el ocultamiento discrecional de sus resultados, podría equiparar la actitud de la mayoría perredeísta en el Senado, y ninguna de las dos actitudes es conveniente para la buena marcha del país.

Nos parece que la institucionalidad del Estado, su buena marcha y la transparencia que debe caracterizar todos sus actos imponen que haya un cambio de conducta y que el manejo de los asuntos de la nación se asuma con toda la solemnidad posible.

-III-

Por eso, porque aspiramos a la máxima transparencia posible y porque entendemos que todas las dudas que rodeen el ejercicio público, en cualquier momento y en cualquier caso, deben ser sometidas a escrutinio en las instancias correspondientes, nos permitimos reclamar que los resultados de esas auditorías sean divulgados como corresponde, sin importar que, como se dice, estremezcan al país.

Es hora de que contribuyamos a que el Estado sea impermeable a las coyunturas que ponen en contradicción a fuerzas políticas con cuotas de poder.

En tal virtud y a nombre de una sociedad que no desea más aplazamientos en la instauración de un régimen de transparencia absoluta, solicitamos que se hagan valer todas las prerrogativas de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la 200-04, y que en virtud de su mandato sean divulgados los resultados de esa auditoría, con la seguridad de que el país, si acaso teme a algo, no es precisamente a ser estremecido en aras de la transparencia.