Inicio este artículo con la atención que concita el tema de la Cámara de Cuentas; en estos momentos en que el país se está atento a este órgano constitucional de control y fiscalización externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

Ya finalizado el proceso en que la Cámara de Diputados evaluara a los postulantes a través de unas 299 entrevistas, los ciudadanos nos mantenemos expectante a la escogencia de las personas que pertenecerán al órgano fiscalizador.

Precisamente sobre el tema de los candidatos me permito recordar el año 2006, una fecha, en el que el periódico El Día bajo a experimentada dirección del decano del periodismo dominicano Rafael Molina Morillo editorializó “Gesto plausible”, refiriéndose al final de la gestión en la Cámara de Cuentas de la República encabezada por Máximo Ramón Castillo Salas.

Molina Morillo destacó las palabras expresadas por Castillo Salas en su mensaje de despedida, que referían que se iba “con la satisfacción del deber cumplido dejando al pueblo dominicano una Cámara de Cuentas totalmente adecentada, fortalecida, adecuada para combatir la corrupción administrativa y para realizar la labor de fiscalización que requiere el país”.

Que, además, Castillo Salas afirmaba que “hará entrega de sus funciones sin contratiempos tan pronto sean electos los nuevos miembros, y que en honor a la institución que preside, dejará la institución sin deudas, y depositado en la caja de la Cámara de Cuentas más de 15 millones de pesos”.

Luego de esa memorable gestión en la Cámara de Cuentas encabezada por el doctor Castillo Salas, que podemos afirmar marcó un antes y un después en la labor de transparencia y fiscalización, nos asombra la forma en que la entidad ha devenido en obsoleta e ineficaz para el cumplimiento de su rol.

Para sólo recordar algunos aspectos que caracterizan la actual inoperancia e ineficacia de la Cámara de Cuentas, vamos a señalar los siguientes: 1- En enero del 2007 los miembros recién nombrados escenificaron escándalos de aumentos exorbitantes de salarios y rebatiñas internas que dieron lugar a juicio político ante el Congreso Nacional que les obligó a renunciar.

De igual forma, el pleno de miembros que sustituyó a los anteriores a penas a dos meses de ser designados se aprobó bonos navideños que no les correspondían, razón por la que la sociedad hubo de levantarse exigiendo su devolución, bonos que devolvieron de inmediato para evitar ser llevados a juicio político para su destitución.

Bajo la responsabilidad de la gestión actual la mora de fiscalización y de gestión institucional han aumentado de forma galopante, lo que ha provocado que la sociedad desconfíe de su seriedad y capacidad, llegando al extremo de que el presidente Luis Abinader ha dicho que no confía en ellos y que debieron renunciar.

Me atrevo a asegurar que el único momento en que ese órgano técnico de control fiscal del Estado ha sido vigoroso y cumplió su rol constitucional fue durante el desarrollo de su programa de modernización que culminó con la salida de sus miembros en diciembre de 2006.

Entonces, la pregunta es ¿Dónde está el problema de la Cámara de Cuentas? Como persona interesada en la transparencia de la gestión pública y la lucha contra la corrupción en el país, me atrevo a afirmar, que el problema está en que además de los requisitos establecidos por ley, los miembros designados deben ser conocedores de la interioridad de esa entidad.

Si los miembros que designará el congreso en los próximos días no son conocedores de la entidad por dentro, de nada vale que cuenten con varias maestrías, doctorados y sean personas prestantes de la sociedad. Estaríamos en presencia de la repetición de los errores anteriores por el Congreso Nacional, con miembros designados en la Cámara de Cuentas que duraran 4 años aprendiendo, nuevamente.

El país está atento, escojan bien!