Ahora mismo el debate sobre un aspecto medular del Sistema de Seguridad Social oscila entre la capacidad de maniobra de una parte del sector empresarial y la poca fuerza de voluntad del Gobierno para poner en vigencia el Seguro Familiar de Salud (SFS).

Una cumbre convocada para ayer por el Presidente Leonel Fernández con el definido propósito de encaminar la marcha del SFS fue aplazada para el 19 del presente mes porque el sector empresarial así lo quiso.

Los representantes del sector empresarial argumentaron que debían concurrir a las vistas públicas sobre el proyecto de rectificación fiscal en la misma fecha para la que había sido convocada la cumbre.

El argumento es atendible merced al hecho de que el empresariado ha opuesto resistencia a la reforma fiscal y de ello se desprende que quiera combatirla en todos los frentes, inclusive las vistas públicas en el Congreso.

Sin embargo, aún justificando el interés por las vistas públicas, la realidad es que una parte del empresariado se ha caracterizado por incidental toda iniciativa encaminada a poner en vigencia del SFS.

No hay necesidad de estar prejuiciados para temer que la parte del empresariado que objeta el seguro familiar se las arreglará para tratar de ganar tiempo con nuevos aplazamientos de la cumbre con el Presidente.

No extrañaría que reafirmara nuevamente, con algún incidente, su resistencia a este paso.

-II-

Pero si resistencia contra el SFS ha habido en un sector del empresariado, por el lado del Gobierno y los sindicatos ha habido una posición de debilidad.

Aunque la Ley de Seguridad Social define claramente los pasos a dar en la materia, no ha habido forma de que el Gobierno haga valer sus facultades para poner en vigencia el seguro familiar, que es uno de los complementos más importantes del régimen de seguridad social.

Tampoco los sindicatos han sido todo lo enérgicos que han debido ser para impulsar su demanda de que sea puesto en marcha el seguro familiar y empujar al Gobierno a que haga uso de sus facultades para estos propósitos.

Un interés muy particular del empresariado, por el eventual acceso que tendrían a fondos de financiación, permitió que se pusiera en marcha sin tropiezos la creación del fondo de pensiones, que ya tiene acumulados más de 32,000 millones de pesos.

Por suerte, la Superintendencia de Fondos de Pensiones ha impedido que estos recursos puedan ser desviados a propósitos ajenos a los que les dieron origen. A lo sumo, se proyecta emplearlos en programas de viviendas de interés social en beneficio de los trabajadores.

La aspiración es que no haya nuevos incidentes en cuanto al Seguro Familiar de Salud y que el Gobierno haga lo que la ley le faculta a hacer para que los trabajadores y sus familias reciban los beneficios de atención en salud que les garantiza la Seguridad Social.

Gobierno y sindicatos deben unificar voluntades e impedir que esta parte tan importante de la seguridad social continúe dando injustificables tumbos.