La Coalición por la Justicia Independiente ha venido demandando que las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura al elegir los jueces de las llamadas Altas Cortes sean transparentes, apegadas a la ley y, sobre todo, tengan como resultado la selección de los mejores hombres y mujeres. Ha pedido además que los reglamentos a ser adoptados sean sometidos a la consulta pública, en espera de que el CNM tome en cuenta las observaciones y comentarios de la ciudadanía.

Repitiendo la experiencia del año 2001, cuando gobernaba un partido diferente, el CNM, integrado por los más altos representantes de los poderes públicos, ha hecho caso omiso de las inquietudes de la sociedad civil y ha aprobado, en su dilatada primerísima sesión, dos reglamentos. Nos referiremos en estas notas al Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica del CNM.

Digamos en primer lugar, no sin benevolencia, que el Reglamento CNM-1-11 es un instrumento poco preciso. Su redacción traiciona el deliberado propósito de conceder el más amplio margen de acción al proceso de selección. No hay exigencias, no existen plazos, no hay detalles sobre la metodología del concurso público y mucho menos están definidas las calificaciones personales y morales requeridas del candidato. Sin embargo, continuando con el ejercicio de buena fe, tenemos que reconocer que esto no es malo per se. Simplemente hace mucho más perentoria la inflexible transparencia en el proceso, para evitar el abuso de la facultad de arbitrio.

El seguimiento es entonces imprescindible. Paso a paso, la sociedad debe vigilar las actuaciones del CNM a fin de resistir la opacidad todas las fases del proceso, e impedir que se aprueben o descarten solicitantes aplicando criterios que no sean públicos. Cómo asegurar el respeto a los principios de justicia e igualdad que proclama el Reglamento en su artículo 7, si no se conocen las conductas que serán tomadas en cuenta al evaluar las calificaciones personales y morales? Debe conocerse además la herramienta para medir estas calificaciones. Es la entrevista con los miembros? Pasaremos por la vergüenza de escuchar interrogantes como la realizada por Alfredo Pacheco a una juez de la talla de Miriam Germán en el año 2001? Si es así, no hay garantía ninguna, como no la hubo entonces, de que se escogerán los mejores.

Preocupa ver que el Reglamento trasluce una disposición a conformarnos siempre con el estándar mínimo. Basta un juez que cumpla con los requerimientos legales, tenga conocimientos y experiencia, y sea probo. Pues bien, los conocedores de la materia y todo aquel que tenga un poco de sentido común y sea un observador promedio- saben que ser experimentado, conocedor y probo no es suficiente. Ese es solo el estándar mínimo al cual no debemos resignarnos.

Tenemos ejemplos vivos de personas bien formadas, con experiencia y serias, pero poco dadas al trabajo. En el caso de los jueces, esto es fácil de medir, pues son objeto de evaluaciones periódicas. Tampoco nos sirve de nada contar con montañas de probidad que carezcan de la valentía necesaria para reconocer, juzgar y sentenciar las violaciones a la ley.

Cierto es que el buen juez debe conocer la ley, ser íntegro y demostrar que puede redactar correctamente y persuadir con su razonamiento jurídico. Pero eso no es suficiente. Es imprescindible que tenga autocontrol, persevere en salvaguardar el bien común expresado en las leyes, sea laborioso y esté dispuesto a arriesgarse en la defensa de la buena administración de justicia. Evaluar esas competencias no es una ciencia oculta. Es un método científico para el cual existen herramientas relativamente sencillas, de probada eficacia, que el Consejo Nacional de la Magistratura debe considerar.

No necesitamos jueces que sean solo probos. Necesitamos jueces excelentes. Soy de las convencidas de que existen candidatos que llenan este perfil. Ellos deben prevalecer sobre otros cuyos méritos son simplemente su militancia política o la supuesta incondicionalidad con alguno de los miembros del CNM. De lo contrario, perdemos todos.