Tienen razón todos los que aseguran que nada podemos contra el petróleo. No somos productores sino meros compradores, y, por consiguiente estamos supeditados a cuanto dictan aquellos.

Sin embargo, la economía nacional pudo seguir otros derroteros, diferentes a éstos a los que nos hayamos sujetos. Porque la economía pública pudo encaminarse por derroteros distintos a los que ha mantenido en los últimos cuatro lustros. Expliquémonos.

Muchas veces hemos escrito respecto al peso de los gobiernos sobre los pueblos. Cuando los gobiernos tienden al dispendio de los recursos que percibe, su carga es mayor para los pueblos. Porque los gobiernos tienen un costo, de igual manera que los tiene una fábrica de clavos. En la industria esos costos se descomponen en activo fijo, metales ferrosos como materia prima, energía para el movimiento fabril y de las áreas administrativas, equipos y depreciación, sueldos y salarios, mantenimiento, transportación y servicios conexos, servicios sociales y renta del capital.

La administración ejecuta una inversión cuando realiza la compra de activos fijos  y de los equipos de producción y ciertos activos  corrientes. Pero cada cargamento de materia prima es, por igual, una inversión.  Todos los demás comprendidos en la sinóptica relación anotada, son gastos operativos, o gastos corrientes. En los gobiernos podríamos hablar de la misma estructura de gastos.

Existe, sin embargo, una diferencia. Las inversiones en activos fijos del sector público pueden lo mismo servir al sector público que a la comunidad. La industria busca la renta del capital invertido. Los gobiernos, con su inversión, procuran la renta social, es decir, elevar la calidad y condiciones de vida de los pueblos. Es que, cuando esas inversiones son altas y reproductivas, se estimula toda la economía nacional. Y si además de ser altas se han hecho con inteligencia, es decir, con creatividad y pensando en el bien común, esas inversiones impulsan el crecimiento y el desarrollo. En cambio, pensemos que ese gobierno, en vez de invertir,  aumenta los gastos de administración, es decir, los gastos operativos o gastos corrientes. ¿Qué ocurre?

Le ocurre lo mismo que a la industria que no compra el mineral para fabricar los clavos o equipos para mejorar la producción. Como sus gastos se han inclinado a satisfacer sueldos y salarios, el capital se acaba. Comienza entonces la etapa de procurar recursos ajenos.

Si los bancos tienen poca supervisión, como ha ocurrido hasta poco antes en el país, le prestan porque ven pintadito el local y el administrador habla hasta por los codos. Más tarde será el llanto. De todos, incluyendo a los depositantes del banco.

El gobierno también recurre al mismo procedimiento. Primero vuelve la vista hacia nosotros, los contribuyentes. ¡Tenemos que sacrificarnos! se nos dice. Y viene una reforma fiscal, y otra, y otra, y otra. Junto a éstas, porque con esos ingresitos no alcanza para pagar todos los gastos corrientes –que incluyen viajecitos, teléfonos, intereses de deudas y una infinidad de etcéteras, además de los sueldos de a millón mensual-  vienen las deudas externa e interna.

¿No podemos hacer nada para sortear los escollos que derivan de los altos precios del petróleo? Con esa composición del gasto público, por supuesto, no puede ni podrá hacerse nada contra el petróleo caro. De haber tenido una estructura de gasto público diferente, se habría podido mitigar lo que se está sufriendo.  Y, sin duda, disfrutar de un panorama totalmente distinto.