Las medidas  cautelares dispuestas el viernes por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral que pretenden evitar el uso político de los programas asistencialistas del Estado llegan un poco tarde y probablemente no rendirán los frutos esperados, pero son otro buen precedente en el arbitraje electoral dominicano que mejora en proporción inversa al deterioro de los principios democráticos, la transparencia y la honorabilidad de la política nacional.

Se trata de reivindicar los principios de la equidad democrática, de separar el Estado de los intereses partidistas, de hacer cumplir el espíritu y la letra de preceptos constitucionales y legales, y de enarbolar el principio de equidad en la competencia democrática, legajo que alguna vez tendrá que predominar en la vida institucional de la nación, por encima de las conveniencias y visiones coyunturales.

La positiva resolución de la Cámara Administrativa de la JCE remite a la necesidad de reglamentar estrictamente las campañas electorales para evitar todo género de exceso, como ya propuso el mismo organismo a mediados del 2007 y aprobó el pleno de los jueces en septiembre de ese año, proyecto que no sólo fue rechazado por quienes ejercen el Gobierno y otros sectores, sino también por los partidos de oposición.

Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que los opositores no acogieran con calor aquel proyecto y no propusieran profundizarlo cuando estaba destinado a limitar la irrupción del poder del Estado en la competencia democrática. La respuesta es sencilla: porque la generalidad de los políticos dominicanos enarbolan el principio de que “el poder es para usarlo”, y como siempre se creen a punto de alcanzarlo son refractarios a cualquier ordenamiento o regulación.

Los que ahora disfrutan del poder rechazarán, hasta con indignación, las nuevas disposiciones, aunque ya tendrán poco efecto a tres semanas de las elecciones congresuales y municipales, empezando por la primera resolución que requiere de las instituciones estatales informar a la JCE de los programas sociales a ejecutar hasta el 17 de mayo, lo que en el mejor de los casos se llevará una semana más.

Pero estas medidas cautelares quedan como precedente, lo que ya es importante en la precariedad institucional dominicana. Se prohíben las actividades proselitistas en el marco de los programas sociales gubernamentales y se dispone que los partidos no hagan coincidir sus campañas con los repartos estatales.

Con esas resoluciones se reconoce la necesidad de mayor equidad en las campañas electorales, lo que va en beneficio del sistema partidista y de la democracia dominicana. Pero hay que insistir en que sólo es un comienzo. Alguna vez tendremos que reconocer, por ejemplo, que no es normal en ninguna democracia que se respete, que el presidente de la nación y todos los altos funcionarios del Gobierno que no son candidatos anden en campaña electoral por todo el país, utilizando todos los recursos del Estado.

Carece de lógica que la ley pida a los empleados estatales, aún los que no administran presupuestos, que tomen una licencia de sus cargos desde el momento en que son aceptados como candidatos, pero que al mismo tiempo permita que sí hagan campaña los más altos funcionarios, que no son candidatos pero disponen de las ejecuciones administrativas y las inversiones.

No podemos cansarnos ni resignarnos al abuso y la malversación de los recursos del Estado, no sólo ahora en este gobierno, sino en cualquiera. Es obvio que hay quienes sólo ven la paja en el ojo ajeno, pero también los de amplia visión y estos son los imprescindibles. Los que han defendido los principios democráticos frente a todos los partidos y gobiernos.

No nos resignemos ni cansemos de denunciar la apropiación de lo público y la corrupción en todas sus expresiones, que siguen creciendo y siempre son justificadas cínicamente por quienes antes decían rechazarlas, con el agravante de que estos desarrollan una capacidad enorme para impugnar y descalificar a quienes aspiran a una nación de fuertes instituciones y al respeto de hasta el último peso de los ingresos nacionales.-