CARACAS (EFE).- La oposición venezolana advirtió ayer que no irá a la fase de «reparo» (comprobación) de firmas «dudosas» a favor de un referendo contra el presidente Hugo Chávez, si el Poder Electoral legaliza el borrador de la norma que regulará el proceso.

Aunque diferentes líderes de la alianza opositora Coordinadora Democrática aclararon que aún no se ha adoptado una posición única y definitiva sobre el asunto, coincidieron en que el borrador que recibieron la noche del jueves del Consejo Nacional Electoral (CNE) «es inaceptable».

La principal queja opositora apunta a que los imprevistos que se generen en la fase de confirmación o anulación de firmas en demanda del referendo -en mayo próximo- serán resueltas por el CNE, cuyo directorio es favorable al Gobierno, según la Coordinadora.

El CNE también ha dicho que anunciará hoy el reglamento de esta fase, que se espera sería fruto de un consenso entre las partes.

«Si este es el reglamento final del CNE, la oposición no acudirá a reparos. Este borrador no respeta el espíritu de lo discutido y acordado» en los últimos días con el CNE.

El Centro Carter y la OEA son testigos» de ello, dijo a los periodistas el dirigente opositor Felipe Mujica, que demandó un pronunciamiento de esas instancias internacionales, observadoras de procesos electorales venezolanos.

Mujica agregó que la OEA y el Centro Carter «emitieron (el jueves) una declaración optimista, porque tenían razones para estar optimistas, porque aún no conocían esto (el borrador del reglamento), que es inaceptable».

«Este documento -insistió- no sólo no permite ir a ‘reparos’, sino que es una provocación abierta contra cualquier salida democrática», y la OEA y el Centro Carter «deberían decir qué es lo venía pasando en las conversaciones».

La OEA y el Centro Carter saludaron el jueves en un comunicado «los esfuerzos» del CNE y de los representantes de la oposición y del oficialismo «con el fin de lograr un mecanismo ágil, sencillo, seguro y transparente para culminar el proceso de solicitud de referendo revocatorio».

Adicionalmente, calificaron de «vital importancia» que se garanticen los derechos de los ciudadanos y que se les provea «de un mecanismo de ratificación o exclusión de su firma que sea de fácil acceso, transparente y libre de presiones».

El CNE anunció en marzo pasado que la oposición entregó 3,08 millones de firmas a favor del referendo (son necesarios 2,4 millones), de las cuales validó automáticamente 1,83 millones, anuló sin apelación casi 144.000 y clasificó como «dudosas» 1,1 millones que ahora podrían ser confirmadas o retiradas por sus titulares.

De estas últimas, 876.017 fueron cuestionadas por el CNE porque los firmantes no fueron quienes rellenaron sus datos personales, sino que fueron «asistidos» por las autoridades de las mesas electorales o por activistas.

El caso llegó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya Sala Electoral ordenó al CNE dar esas firmas por buenas, pero la Sala Constitucional confirmó que deben ir a «reparo», lo que ha desatado una pugna de competencias judiciales aún sin definición.

El CNE acató el fallo de la Sala Constitucional que confirmó la realización del «reparo».