La sociedad aspira a una vida en orden y seguridad. Sin el azote de delitos y sin  el sentido de indefensión que causan a veces las deficiencias de los servicios de orden público. El secuestro es una inusitada  modalidad del crimen que, si nos descuidamos,  podría alcanzar el grado de epidemia. Satisfacen los aspectos positivos de actuaciones certeras contra secuestradores, como indica el logro reciente de rescatar  indemne un niño de Santiago. La  gente de buena voluntad, que es mayoría, celebra  este final feliz. La ciudadanía debe aplaudir  sin reservas toda acción contra el delito de tan claros y favorables resultados.

Sin embargo, el caso anterior  del joven Eduardo Baldera terminó rodeado de  dudas. Versiones sobre el desenlace sometidas por el periódico El Nacional  al juicio del público, vía Internet, sacaron a flote el escepticismo de gente sobre la forma  en que decía la Policía que ocurrieron los hechos.  Algunas  informaciones dadas  a la prensa resultaron poco verosímiles. Además el ímpetu de persecución  incluyó excesos  contra familiares de los sospechosos, como sucedió con una muchacha que estuvo virtualmente secuestrada  por la propia Policía sin formulación de cargos. Una violencia en nombre de la ley que incluyó la muerte a tiros de dos de los supuestos autores, homicidios con características de inaceptables ejecuciones extrajudiciales que ahora investiga la Justicia.

Por un castigo ejemplar

El asesinato a tiros y posterior incineración de cuatro haitianos que procesaban  carbón vegetal en la localidad de Madre Fresca, Jimaní, obliga a las autoridades dominicanas a remover cielo y tierra para descubrir y capturar a los  autores de este acto de barbarie, y ponerlos en manos de la Justicia. Los resultados de la investigación deben ser inobjetables y coherentes con el interés general de desterrar de nuestra línea de proceder  métodos incivilizados y sanguinarios como el que nos ocupa.

El suceso coincide con denuncias de organizaciones haitianas que temen el desarrollo de una campaña contra inmigrantes de su nacionalidad en territorio dominicano. Aunque está suficientemente claro que el Estado dominicano no promueve excesos de este tipo, el suceso nos emplaza a tomar en serio la necesidad de definir una política migratoria a la altura de las circunstancias. Mientras tanto, que se castigue este acto con la rudeza que permita la ley.