POR MANASÉS SEPÚLVEDA
El procurador general Francisco Domínguez Brito dijo que todavía no se ha determinado si hubo o no violación a la ley en el caso en que se investiga a un  funcionario por supuesta extorsión y advirtió que si se determina su responsabilidad, será sometido ante los tribunales.

Domínguez Brito también se refirió a la decisión del juez liquidador del Juzgado de Instrucción de La Altagracia respecto al diácono Rigoberto de Jesús González Padial, ex administrador del albergue la Ciudad del Niño Francisco Javier de San Rafael del Yuma, el cual «no encontró indicios» que comprometieran su responsabilidad penal en el caso de las violaciones a niños en ese albergue.

Domínguez Brito dijo que el fiscal competente de la jurisdicción está revisando la medida.

Señaló que en el caso de la investigación al funcionario gubernamental, la posición del ministerio público es la de identificar si alguien ha violentado la ley y el que la violentó que asuma su responsabilidad no importa si sea del pasado o de la presente administración.

«Sobre ese caso todavía no se ha determinado si hay una violación a la ley o no sino que el Departamento de Prevención de la Corrupción tiene aproximadamente una semana o unos días más realizando las investigaciones de lugar con motivo de la denuncia presentada por ante la Comisión Nacional de Ética», explicó.

Ayer, el director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Manuel Antonio Tapia Linares, según una versión publicada por el diario El Día, admitió que es investigado por la procuraduría general por un presunto soborno, pero indicó que lo que ha hecho es defender los intereses del Estado.

A Tapia Linares y a otro funcionario secretario de Estado sin cartera, son señalados por Pedro Martínez, presidente de Agregados del Lago, en una carta que remitió a la Comisión Nacional de Ética de despojo de una concesión para la explotación de una mina de sal y yeso en Las Salinas, Barahona.

Domínguez Brito dijo que se está haciendo una investigación, la posición del Estado Dominicano es que todos son iguales para la ley y no importa el dinero que se tenga.

«Si alguien se equivocó, sea quien sea iremos a los tribunales y presentaremos cargos contra esa persona», dijo.

Domínguez Brito habló en el acto de inauguración de la Fiscalía de Niños Niñas y Adolescentes en la calle Mauricio Báez número 28 del sector de Villa Juana. Al acto asistió el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), contralmirante Iván Peña Castillo.

CASO ALBERGUE

Respecto al caso de la violación de niños en la casa albergue Ciudad de Niños San Francisco Javier, Domínguez Brito dijo que hubo un tribunal que entendía que no había elementos, luego posteriormente se apoderó a otro tribunal para que revisara esa medida.

Sin embargo, el ministerio público competente en esa jurisdicción está revisando toda la decisión a tomar para si es posible elevar un recurso.

La doctora Marisol Tobal, directora del Departamento de Niños Niñas y Adolescentes dijo que ya el ministerio público ya hizo su papel y que a otros actores del sistema tienen que hacer el de ellos.

Expresó que en el día de ayer habrá una reunión para decidir si se recurre a la decisión.

Tanto el procurador Domínguez Brito como la encargada del departamento de Niños Niñas y Adolescentes, la doctora Tobal, fueron preguntados respecto a la decisión del envío a un tribunal correccional del administrador y subadministrador del albergue la Ciudad del Niño San Francisco Javier, el diácono Rigoberto Rodríguez Padial y Alejandro del Rosario Divinson por parte del juez liquidador del Juzgado de Instrucción de La Altagracia, que «no halló indicios» en contra de ellos que comprometieran su0 responsabilidad penal y los envió a un tribunal correccional.

También el magistrado favoreció con un auto de No Ha Lugar a favor del sacerdote Cirilo Núñez y el ex sacerdote Ramón Antonio Betances.