En la gestión gubernamental del PLD 1996-2000 se instaló la planta generadora Cogentrix con una capacidad de 300 megavatios en la provincia San Pedro de Macorís. La selección de ese proyecto estuvo precedida por la presentación de otras alternativas, que a juzgar por los resultados, eran mucho más favorables al interés nacional, por ejemplo, la propuesta de instalación de otras unidades de generación en base a carbón mineral como parte del otrora plan de expansión del parque de generación Itabo.

El modelo de contrato firmado entre el Estado dominicano y Cogentrix establece la figura del pago fijo por capacidad, un mecanismo mediante el cual el inversionista garantiza el retorno de su inversión no importando la operación de la central eléctrica. En el caso que nos compete, Cogentrix ha recibido por lo menos 4 millones de dólares mensualmente por este concepto, monto que a esta altura de juego prácticamente duplica la inversión realizada para la instalación de esa importante generadora.

Por años se ha procurado la conversión de Cogentrix para que en lugar de generar con fuel oil, pase a operar con gas natural. Con esta medida, esa planta pasaría a ser parte del conjunto de plantas eléctricas que generan electricidad de manera permanente, lo que significaría un ahorro para el gobierno dominicano de por lo menos 50 millones de dólares por año.

Ahora bien, se pretende supeditar esa conversión energética y otras medidas en el sector eléctrico a la extensión del lúgubre contrato entre el Estado dominicano y Cogentrix. Eso es realmente inaceptable.

Sin pretender pecar de iluso, la transformación de esta planta eléctrica a gas natural debería ser una obra mitigadora de los daños económicos causados por Cogentrix al pueblo dominicano, pero entiendo que eso sería pedir demasiado.

Para no tenerla apagada por los años faltantes para el vencimiento de ese contrato, es necesaria su inmediata conversión a gas natural, pero nunca en las condiciones que los propietarios de Cogentrix están proponiendo.