En un país donde la mayoría de los votantes ha sufrido en carne propia la magnitud de esta crisis económica, la más grave en la historia de la República, pero desconoce su profundidad y consecuencias, constituye un desacierto venderle la ilusión de que ahora vienen los buenos tiempos cuando la realidad es que esta crisis demandará de muchos sacrificios, de políticas austeras y de un nuevo gobierno con la capacidad de concertar e implementar las soluciones capaces de retornar el país a la senda del progreso.

Hablar de que lo peor ha pasado es crear falsas expectativas, cuando en el mejor de los escenarios por lo menos tres años de mucha confianza, tres años con una estricta disciplina fiscal para generar superávit presupuestarios capaces de desmontar la «bomba de tiempo» de los certificados del Banco Central, reducir la carga de la deuda externa, resolver de manera definitiva el problema eléctrico, para entonces contar con las condiciones para retornar la senda del crecimiento sostenido siempre y cuando en el ínterin no ocurra ningún schock externo de importancia.

Lo primero, es una fuerte dosis de confianza que solo un nuevo gobierno podría insuflar, siempre y cuando combine el soporte popular, emanado de las urnas, con la conformación de un equipo económico y de crisis con la suficiente credibilidad como para torcer las expectativas negativas y así, de partida, eliminar el componente especulativo en la subvaluación del peso frente al dólar.

Pero la confianza por sí sola será insuficiente para restablecer el equilibrio macroeconómico, mientras persista la hemorragia monetaria derivada del servicio de los intereses y los vencimientos de los certificados, que cual centrifuga se retroalimenta con nuevas colocaciones con vocación de crecer ilimitadamente, hasta que estalle la vejiga o se generen los superávit que permitan desmontar estos instrumentos financieros.

Ese mecanismo autónomo de emisiones monetarias inorgánicas persistirá por lo menos tres años, periodo señalado por el Gobernador del Banco Central en el discurso ante la Cámara Americana, siempre y cuando se vendan muchos activos de los bancos quebrados, se incauten propiedades y depósitos en el exterior, se logre una buena renegociación de la deuda externa, así como también implementar una profunda reforma tributaria y la administración de turno mejore sustancialmente la efectividad de las agencias recaudadoras y reduzca la evasión fiscal.

Con certificados por un monto de RD$61,694 millones de dólares al 26 de febrero y con una emisión monetaria que aumentó 105.8% en 15 meses, serán necesarios como mínimo tres años de todos los recursos enumerados anteriormente para reducir este desorden monetario derivado de las quiebras fraudulentas de bancos, y, de un gobierno, que violando absolutamente la Ley Monetaria, optó por devolver todos los depósitos en vez de cargar con el costo político de congelar recursos a influyentes mega-depositantes.

A este gobierno le cabe la responsabilidad de elevar la deuda externa desde un 19% del PIB en el 2000 (una de las más bajas en América Latina) a 57% del PIB en el 2003 gracias a la contratación alegre de cuanto préstamo fuese cabildeado por los cazadores de rentas y comisiones, lo cual ha contribuido a deteriorar el perfil de la deuda aumentando de 19% a 37% las obligaciones con los acreedores privados. Pues bien, como parte de la vuelta a la racionalidad las próximas autoridades, con un manejo prudente del endeudamiento y sacrificando las posibilidades de utilizar recursos externos al desarrollo, probablemente limitándose a contratar nuevos empréstitos para pagar los viajes, deberá reducirla a un 40% del PIB, más del doble como lo dejó la administración del doctor Leonel Fernández.

Este gobierno derrochó gran parte de los US$500 millones de la primera emisión de bonos en proyectos de dudoso retorno financiero, en el mejor de los casos, mientras la segunda emisión por US$600 millones se utilizó para pagar deuda externa y liberar recursos en pesos para financiar el incremento del gasto a una velocidad mayor al crecimiento de las recaudaciones. Esos bonos representan el 19% de la deuda externa y su servicio gravitara desfavorablemente sobre las finanzas públicas en los próximos años.

En un escenario mundial con altos precios petroleros, debido especialmente a la devaluación del dólar, también corresponderá a la próxima administración nuevos ajustes en la tarifa, cerrar el agujero deficitario y lanzarse a otro proceso de reprivatización con la finalidad de hacer sostenible financieramente el sistema y garantizar en un nuevo estadio un servicio eficiente y a precios similares a los de la región.

Entonces hablar de que ha pasado lo peor y los buenos tiempos están a la vuelta es crear falsas expectativas a un electorado que en su gran mayoría ha sufrido el deterioro de su ingreso, pero que sin embargo desconoce la magnitud de la crisis, y, mucho menos, de los ajustes indispensables en los próximos años para cerrar el agujero provocado por las quiebras bancarias, el creado por el gobierno por la forma como abordó el problema y también como hipotecó interna y externamente las rentas públicas.