“No sé cómo se llama el padre de mi hija. Pregúntale a mi mama”. La madre responde: “el padre de su hija es José, él vive por aquí. El violó a mi niña, entró a la casa cuando estaba sola con su hermana.

Fui al cuartel a poner la denuncia y me dijeron que lo iban agarrar, nunca lo llevaron preso”.
Este relato se extrae de una entrevista realizada hace unos meses en un estudio en un barrio marginado de Santo Domingo. La niña tiene 11 años y tiene una hija de 1 año.

El proceso de embarazo y parto fue casi una tragedia para la madre por las condiciones físicas características de su temprana edad, sufrió continuas recaídas en todo el proceso de embarazo. “Pensé que la iba a perder, que mi niña se moría”.

La medida reciente de la Junta Central Electoral de entregar cédulas a menores de 12 años embarazadas o con hijos demuestra la gravedad y recurrencia de esta realidad.

La medida favorece que la infancia nacida de madres menores esté debidamente documentada, pero se corre el riesgo de la confusión sobre su condición de niñas, se les trate como adultas y se legitime su desprotección y violación de derechos en el área educativa, familiar y social.

Igualmente devela el fracaso del Estado Dominicano en la protección de las niñas pobres de este país con la intervención en sus raíces con elementos como los siguientes:

• Ausencia de políticas sociales dirigidas a transformar la masculinidad machista violenta y agresora sexualmente con programas educativos formales e informales y procesos de creación de redes masculinas solidarias que promuevan cambios en este sentido.

• Ineficiencia en el sistema de justicia para perseguir y sancionar a los hombres que abusan sexualmente con un régimen de consecuencias que sea efectivo y rompa con la complicidad y la impunidad existente en su abordaje.

• Falta de una educación sexual dirigida a empoderar a niñas y adolescentes sobre su cuerpo y la necesaria protección del mismo desde el sistema educativo y desde una educación no formal

• Negación del derecho que tienen las niñas de interrumpir un embarazo fruto de una violación sexual que las expone al riesgo de muerte y afecta su desarrollo integral.
Actualmente en el Congreso se debate el Código Penal, del cual se excluyó la despenalización del aborto por las tres causales.

La medida tomada por la JCE demuestra las graves consecuencias de la penalización total del aborto en una sociedad donde las violaciones y embarazos de niñas es parte de la cotidianidad. Nuestra infancia y niñez vive así desprotección y sometimiento a la vulnerabilidad de forma continua.