JOTTIN CURY HIJO
Desde hace un tiempo a esta parte hemos venido observando cómo los miembros del ministerio público culpan a los jueces cuando se produce un descargo con ocasión de ciertos procesos sobre corrupción administrativa, y a su vez estos últimos hacen lo propio con los fiscales a quienes le atribuyen descuido en su labor de instrumentar los expedientes.

Así, en disputas de esta naturaleza se nos ha ido el tiempo, y además se han desvanecido las expectativas que ciertos sectores generaron cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. El fracaso de las autoridades para frenar la delincuencia común, así como la corrupción pública y privada, ha hecho posible que se genere un debate en torno a la viabilidad de crear un Fiscal Nacional Anticorrupción, que gozaría de inamovilidad y cierta independencia para combatir este flagelo.

En efecto, el 24 de julio de 1997 el Presidente Fernández dictó el Decreto No. 322-97, creando así el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, mejor conocido como Depreco. Entre las atribuciones de este departamento figura la de diseñar políticas orientadas a prevenir el uso inadecuado de fondos públicos, así como perseguir a los funcionarios sobre los cuales existan indicios o pruebas sobre irregularidades. Sus atribuciones son tan amplias como las que eventualmente se le otorgarían a un Fiscal Nacional Anticorrupción. Sin embargo, el Depreco es desafortunadamente un organismo inoperante y así lo demuestran las propias estadísticas que ha publicado la prensa escrita con ocasión de sus diez años de haberse instituido.

Ahora, como por arte de magia, se lanza la idea de crear una figura jurídica con el propósito de cambiar la actitud de la población y enviarles un mensaje a los servidores públicos. Se dice que un funcionario independiente e inamovible podría investigar a los jueces de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y la misma Suprema Corte de Justicia. Pero eso bien podría hacerlo la Procuraduría General de la República a través del Depreco o cualquier otro organismo del Estado encargado de fiscalizar el manejo de fondos públicos. Como muy atinadamente señaló Octavio Líster, actual director del Depreco, el organismo que nombraría a este fiscal especial es el Consejo Nacional de la Magistratura, que no está al margen de la política, y la mejor prueba de ello la encontramos en la composición de la SCJ.

Asimismo, el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, también ha apuntado con propiedad que en caso de instituir la figura del Fiscal Nacional Anticorrupción, habría que hacer lo propio con Tribunales Especiales para estos fines. Ocurre que tenemos el hábito de pretender subsanar nuestras deficiencias institucionales importando modelos foráneos, los cuales generan gastos, rupturas innecesarias y sobre todo creando instituciones paralelas que hacen más caótico el ejercicio institucional por la multiplicidad de atribuciones que todo esto acarrea. Todavía desconocemos cómo va a operar en la práctica la controversial figura del Defensor del Pueblo, que no ha sido seleccionado, y ya estamos proponiendo un fiscal sui generis para combatir exclusivamente la corrupción pública.

No es secreto para nadie que la inoperancia de nuestro Poder Judicial se debe, entre muchas otras cosas, a que son permeados por el poder político. De nada vale importar modelos que han resultado exitosos en otros países donde existe un adecuado marco institucional, para adoptarlos entre nosotros, que carecemos de ese molde que progresivamente se desvanece en esta mal llamada democracia que nos gobierna. En lugar de estar pensando en fórmulas mágicas que resultan costosas para el contribuyente, debemos concentrar nuestros esfuerzos en fortalecer nuestras anémicas instituciones. Y ese fortalecimiento sólo se obtiene mediante la rigurosa aplicación de la ley.

Mientras no se endurezca la aplicación de las normas de convivencia social, de nada vale inventar con normativas e instituciones extrañas, cuya incorporación en nuestro medio jurídico resultan inapropiadas. Antes los procesos penales se eternizaban por la desidia e irresponsabilidad de jueces y fiscales, ahora se archivan por alegada falta de pruebas, como ha sucedido con 90 casos de corrupción pública que han sido sometidos por el Depreco. En otras palabras, estamos exactamente en lo mismo de siempre en razón de que el problema no es de códigos, sino de ausencia de instituciones sólidas.

El director general de Aduanas, Miguel Cocco, afirmó con razón que el problema de la corrupción no se resuelve con un solo hombre, toda vez que se trata de una falla del sistema mismo y de una cultura que se ha ido arraigando en nuestro país debido en gran parte a la impunidad prevaleciente.

Ojalá que los que proponen modelos ajenos y que bien pudieran hacer mucho más para fortalecer los que tenemos, se percataran de que no es copiando como se avanza en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones. Para avanzar en este campo se requiere de auténtica voluntad, vocación de servicio y alejarse de ese excesivo protagonismo que únicamente sirve para que los temas fundamentales se diluyan en informaciones periodísticas.