Todos los bienes y las responsabilidades de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) previa liquidación de sus funcionarios y buena parte del personal técnico y administrativo, deben ser traspasadas al Ministerio de Obras Públicas siguiendo la disposición, bastante tímida, del Decreto presidencial No. 348-16 promulgado recientemente.
Creada con el nombre de “Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado” mediante Decreto No. 1286-484 del Doctor Joaquín Balaguer a propósito de la construcción del monumental Faro a Colon, un adefesio arquitectónico, inútil y sin atractivo turístico, convertido en elefante blanco; posteriormente, por Decreto No. 590-87, es convertida en lo que es hoy: oficina supervisora (OISOE) “para la construcción de proyectos, remodelación, reparación y cubicaciones lo que deviene ser un contrasentido, un absurdo, pues supervisar acorde con la Real Academia Española, en buen lenguaje significa: “Ejercer la inspección superior de trabajos realizados por otros” lo que “per se” no implica, niega, facultad para ella misma “construir, remodelar o reparar obras comunitarias” ni de ninguna otra naturaleza.
Las innovaciones y confusiones siguen con el Decreto No. 446-00 del Dr. Leonel Fernández Reyna y el reinado del PLD cuando pretendiendo enmendar, yerra, al ensanchar sus funciones traspasando a la OISOE “todas las responsabilidad y bienes de la “Oficina Coordinadora” que quedó totalmente eliminada con la promulgación del Decreto anterior, No. 590-87, teniendo por misión “Coordinar, Ejecutar, Supervisar dentro de un marco de “trasparencia y compromiso” abrazada a principios y “valores superiores, tales como Eficiencia-eficacia, lealtad, integridad” como “modelo de trasparencia, apegado a normas éticas.” Palabras huecas resultaron ser.
Muy lejos, divorciada de esas sanas normativas resultó ser la OISOE, a partir de entonces. Aquella entidad anodina, inútil y superflua, y su titular, comienzan a cobrar notabilidad, inusitada importancia, suplantando prácticamente la función y responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, siendo escandaloso escenario de actuaciones desdorosas, matizadas de ingerencismo político, corrupción, abusos, malversación e ineptitud en el manejo y disposición de cuantiosos recursos destinados a obras de bien social.
Este invento burocrático, que ningún beneficio ha reportado al bien común, siendo lo contrario por sus pésimas ejecutorias, merece refundirse. Desaparecer. No tuvo ni tendría razón de ser de prevalecer una determinación y visión clara del compromiso político que responda eficazmente a las exigencias sociales a un ordenamiento institucional donde cobre vigencia los postulados del mencionado Estado Social Democrático de Derecho.