NARCISO ISA CONDE
Montar las elecciones primarias de acuerdo a la ley aprobada no se lleva 747, sino 70 millones de pesos. Diez veces menos. Eso dijo recientemente el magistrado Salvador Ramos, presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE). Y lo dijo meses después que el Pleno de ese tribunal, del que él forma parte, anunciara que la aplicación de la referida ley requería un presupuesto de 747 millones de pesos. ¿A quién creerle? ¿Al pleno o al juez?

Si le creemos al juez, habría que convenir entonces en que el conjunto de jueces estaba reclamando más de diez veces lo necesario, lo que equivalía a disponer de 677 millones adicionales.

¿Qué destino tendrían esos 677 millones?
¿A dónde irían a parar?
¿Quiénes pretendían distraerlos o embolsicárselos?

Esas preguntas deberían ser respondidas por el magistrado Ramos, quien meses después de la gran controversia que provocó el referido anuncio de la JCE, en forma sorpresiva, desmintió lo dicho y situó a su organismo colegiado en una dificilísima situación, tal incluso como lo revelan las declaraciones recientes del presidente de esa junta.

Y si se acepta el criterio original de la JCE, entonces habría que emplazar a Salvador Ramos a que admita su enorme equivocación y las intenciones de la misma, y a la JCE a que explique en qué gastaría todo ese dinero.

Esto no se debe dejar pasar.

Esto no es cualquier cosa.

No se qué inspiró esa ley inconstitucional, esa ley que atropella al libertad de asociación y que pretende emplearse para tutelar de la peor manera la vida interna de los partidos políticos. Pero parece que hay algo más allá de la intención de amarrar, de condicionar, de establecer reglas excluyentes y discriminatorias.

Esto tiene también un tufillo a corrupción mayor.

la diferencia entre 70 y 747 es demasiado grande. Y cualquier conciliación  de esas cifras muchas semanas después, indica que el error no pudo ser ni oral, ni de escritura, ni electrónico.

Algo huele mal en esos predios, sobre todo si se tiene en cuenta que Luis Arias no rebatió que el gasto real pudiera ser mucho menor.

Por eso creo que la sociedad dominicana debe demandar una nueva Junta Central Electoral, independiente de los partidos y del gobierno, basada en una ley realmente democrática y participativa.

Debe exigir la derogación de la Ley de Primarias y al fin del financiamiento en efectivo de las fuerzas concurrentes.

En su lugar debe ofrecérsele a todas las organizaciones políticas y sociales participantes igualdad de oportunidades en los medios masivos de comunicación (costeadas por el Estado) y reglas justas y democráticas.