El asalto a la empresa de lácteos Parmalat, al margen de las implicaciones previstas en el Código Penal y leyes asociadas, debería ser manejado por las más altas instancias del país desde una óptica crítica, enfocada en la permeabilidad de los cuerpos castrenses y la Policía Nacional, y en la fragilidad de los mecanismos de supervisión. Según afirmación oficial, el ex mayor José Luis Vargas Cuello, que hasta un día después del asalto era mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, apenas habría cometido  faltas sencillas, como tardanza en la llegada a pase de lista. Sin embargo, los resultados de las investigaciones que realiza la Policía podrían demoler ese argumento  simplista, que, en el mejor de los casos, podría ser el resultado de un deficiente seguimiento del desempeño conductual de ese y otros militares.

Al margen de ese caso, el hecho de que un número escandaloso de militares y policías estén vinculados a ejecuciones como las de Paya, muertes por encargo, tráfico de drogas e indocumentados, asaltos y robos a mano armada, indica que el enfoque debe ser más minucioso y pretender mucho más que satisfacer las disposiciones del Código Penal, para adentrarse en cuestiones institucionales muy delicadas, pero también, según muestran los hechos, de una  vulnerabilidad preocupante. Hay un rosario de casos, incluido el asalto a Vimenca, que obligan a usar microscopio.

¿Miedo como único recurso?

Lo único que puede explicar el hecho de que un seudo sindicato se imponga como monopolio en el transporte de carga es que los empresarios tengan miedo de hacer valer sus derechos y que el Estado, que debe combatir este tipo de práctica, solo les deje el miedo como único recurso. No hay otra manera de explicar la vigencia de prácticas de esta catadura en tiempos de sólidos compromisos de apertura comercial.

La queja que a propósito de esta  situación ha expresado el señor Ricardo Bonetti, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), desafía la capacidad de los expertos en Derecho para que indiquen qué instrumento de nuestro ordenamiento jurídico permitiría disolver esta  imposición. Los empresarios debidamente establecidos tienen pleno derecho a valerse de sus propios medios de transporte de carga. No lo ejercen porque, o tienen miedo o se sienten desprotegidos por el Estado. Y ambas cosas son nefastas.