El encargado de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho, replicó la posición de la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia respecto a las críticas que hizo el magistrado por la decisión que toman los jueces en los casos de corrupción.

«No tenemos tiempo para distracciones», se limitó a decir Camacho al ser abordado por periodistas que cubren la fuente de Justicia..

Camacho recordó que este viernes se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, y afirmó que el Ministerio Público seguirá su trabajo contra dicho flagelo.

Se recuerda que la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) arremetió ayer contra el titular de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), Wilson Camacho, y otros representantes del Ministerio Público que cuestionan a miembros del gremio por variar medidas de coerción a imputados.

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Manifestó su preocupación por el daño que podría producir “ abandonar el orden legal e institucional y sustituirlo con prácticas populistas que se apartan de las reglas del debido proceso…” y a su juicio afectan significativamente las relaciones institucionales, la independencia judicial y el clima de seguridad jurídica de la nación.

El gremio que agrupa a jueces y juezas se refiere a declaraciones emitidas a través de la prensa por Wilson Camacho; los procuradores fiscales Osvaldo Bonilla, de Santiago; y Smailey Rodríguez, de la provincia Duarte.

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Afirma que con sus pronunciamientos los representantes del MP , “a veces injuriosos”, a decisiones jurisdiccionales de Yanibet Rivas, Yiberty Polanco Herrán, Darvin López y de todos los jueces que imponen medidas distintas a las solicitadas por el órgano persecutor, se resquebraja la institucionalidad e independencia del Poder Judicial, su autonomía y la majestad de la justicia.

Advierte JUDEMO que esos principios y valores los defenderá siempre, “máxime si los juzgadores han obrado en ocasión del poder que les ha sido delegado de dictar decisiones jurisdiccionales en nombre de la República”.

Invitó a los procuradores antes señalados a seguir utilizando sus reconocidas competencias en la persecución penal y el fortalecimiento de su institución, sin acudir a estas prácticas difamatorias e injuriosas contra los jueces.