Competitividad, que significa bajos costos relativos antes de impuestos, es lo que ha perdido la manufactura en los últimos ocho años. Si no compite, si tiene 100 mil empleos menos, la responsabilidad es compartida, de los gobiernos por no haber trazado el camino y del sector privado por acomodarse, prefirieron los beneficios de corto plazo. Lo mismo si se pierden empleos con la desgravación arancelaria de 811 productos industriales y 207 agropecuarios a partir del primero de enero del 2015, pero no será así, porque con la eliminación del arancel efectivo de 3.2%, de eso es que hablamos, la paridad de importación se reduce poco y el sector privado hará los ajustes. El perdedor será el gobierno con la menor recaudación aduanera en 2015, que deberá compensar; la baja en recaudo debido a que las importaciones a desgravarse, que representan más de la tercera parte del total, aumentaran a costa de las gravadas procedentes de Europa, Asia y el resto del mundo.

Como decepcionante puede calificarse el balance del DR-Cafta en los siete años de vigencia, no aumentó la inversión extranjera directa, la productividad, el empleo y el salario del trabajador. Tampoco es defendible por el lado del comercio exterior, en más de 50% aumentaron las importaciones originadas en los Estados Unidos, empeorando el déficit comercial bilateral de US$1,800 millones en 2007 a US$3,000 millones en 2013.

La culpa no es del acuerdo, es de nosotros. Aunque tenemos garantizado el acceso preferencial y libre de arancel el mercado de los Estados Unidos desde el 2007, no somos conscientes, pocos productores y profesionales conocen el alcance de los 22 capítulos, anexos y apéndices del acuerdo. Después de firmarlo en el 2004 sin digerirlo previamente, el tiempo se agotó, se ha mantenido como secreto de Estado, mientras los países centroamericanos, que mantuvieron conversaciones técnicas con los Estados Unidos desde el 2002 y para el 2003 habían celebrado nueve rondas de negociaciones comerciales, actúan diferente, el tema es de libre discusión.

Teníamos que firmarlo, se evitó que nuestros exportadores experimentaran el costo de la “desviación de comercio”, que perdieran la oportunidad de vender a los Estados Unidos en igualdad de condiciones con los de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Pero no aprovechamos la apertura comercial, preferimos buscar culpables, el favorito es el precio de la energía eléctrica, pero es mucho más de ahí. No reconvertimos la manufactura, proceso que debió iniciarse en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México. Fuimos advertidos por el gobierno de los Estados Unidos de que era temporal las facilidades para exportar productos textiles y de otra naturaleza bajo la Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA), pero no hicimos caso.

Ahora tenemos premura con los cambios institucionales, deben hacerse, pero con un objetivo en el mediano plazo, aumentar el valor agregado de lo que producimos, que pasa por inversiones privadas en tecnología. Porque desde el puesto 105 que ocupamos en el Índice Global de Competitividad (2013-2014), es imposible competir con los Estados Unidos que están en el 5, Costa Rica el 54, Guatemala el 86, El Salvador el 97 y Nicaragua el 99.