Los incidentes verificados en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) a raíz de la protesta de cientos de sus estudiantes en rechazo a un aumento de las cuotas de matriculación, constituyen una penosa expresión del arraigo del autoritarismo en instituciones que, como las universidades, deberían ser modelo de diálogo y respeto a los derechos individuales y sociales.

No es sólo la desproporcionada reacción de las autoridades de esa prestigiosa casa de estudios frente a un reclamo, que pudiera carecer de sustento pero no de legitimidad, sino las posteriores de su Consejo y muy especialmente el de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), que parece arrancada de las páginas de la represión balaguerista de los años sesenta y setenta.

Nos sorprendió una reacción tan desproporcionada, como la suspensión de cientos de estudiantes por haber firmado una solicitud de revisión del aumento, de parte del Rector, reverendo Ramón Alonzo, indignado porque “se estaba desacreditando” su Universidad. Mis afectos por este sacerdote me obligaron a llamarlo para escucharlo y pedirle que hiciera un esfuerzo por solucionar el conflicto abriendo su corazón al respeto a la disensión.

Comprendí su justa indignación por las reacciones destempladas y hasta insultos que se produjeron en medios de comunicación electrónicos, especialmente en las redes de Internet. Pero esos excesos no estaban individualizados y era injusto cargarlos sobre todos los que  realizaron un reclamo pacífico. Tampoco justificaba que se condicionara la inscripción a una humillante carta de retractación.

Le dije al padre Alonzo que mi experiencia como miembro de consejos rectores de entidades académicas sin fines de lucro (Junta de Regentes del INTEC por seis años, y en los colegios Véritas y Babeque Secundaria), indicaba que los usuarios siempre tienden a rechazar los aumentos de cuotas, aún los más legítimos. Pero que eso lo resolvíamos  escuchando y dando informaciones y explicaciones.

El problema tenía que agravarse si, como dijo la ADRU, se veía el reclamo como “un movimiento organizado y promovido por grupos externos” planificado con “propósitos desestabilizadores”  que “plantean acciones violentas”.

El conflicto llegó a los tribunales. Cuatro de los líderes de la protesta recurrieron en amparo ante la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Jugado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que tras escuchar y ponderar los argumentos de las partes, concluyó disponiendo que la UCSD inscriba a los suspendidos y les garantice todos sus derechos.

He leído la sentencia de 82 páginas y me atrevo a felicitar a la jueza Maritza Capellán Araújo por haber reivindicado brillantemente los derechos ciudadanos a la libre expresión, libertad de reunión y derecho a la educación, garantizados por la Constitución de la República y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La sentencia de la jueza Capellán es un documento que la ennoblece, por lo bien y ampliamente fundamentada, no sólo en los textos fundamentales antes citados, sino también en los propios estatutos de la UCSD que establecen un procedimiento de suspensión que no fue cumplido. Llega a citar la Constitución Apostólica sobre Universidades Católicas, en cuanto “garantiza a sus miembros la libertad académica, salvaguarda los derechos de las personas y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y el bien común”. La jueza tuvo la diligencia de consultar jurisprudencias en la materia de los tribunales constitucionales de Costa Rica, Colombia y España.  

Después de leer ese documento judicial, incluyendo las exposiciones de los abogados de la UCSD, huérfanas de derecho, es mucho más penoso que esta universidad se niegue a acatar la sentencia y haya recurrido en casación ante la Suprema Corte, en vez de dar un ejemplo de acatamiento.

La esperanza es que la Suprema Corte reedite el valor de la jueza para decidir en justicia, independientemente de los poderes fácticos envueltos, que una vez más evidencian que la democracia, el diálogo y los derechos son asuntos de discurso, para exigírselo a los políticos.

En cuanto a los jóvenes estudiantes, deberíamos preferir a los que se  rebelan contra la corrupción, las injusticias  y los males de la sociedad, como les recomendó el Rector del Colegio Loyola, reverendo Francisco Lluberes, en la conmemoración del 50 aniversario del mismo en septiembre pasado.  También a los que se agrupan en el grupo “Toy Jarto Ya pero Creo en mi País”, que ha tenido la osadía de dar apoyo a los reclamantes de la UCSD.