Abogado Álvarez dice Constitución permite procesar miembros CC

El abogado Francisco Álvarez Valdez consideró que el allanamiento del Ministerio Público a la Cámara de Cuentas se trató de una medida extrema, pero sin duda fundamentada en el enorme descrédito en que ha caído ese organismo desde hace varias gestiones.

Considera que al ser un caso sin precedente es lógico que genere preocupación, sobre todo si en el futuro se pudiera utilizar esta vía para amedrentar a órganos de naturaleza constitucional, y sobre todo de control.

“Por esa razón el Ministerio Público deberá demostrar en su oportunidad que no tenía otra opción que realizar este allanamiento y que los resultados del mismo lo justifiquen”, advierte.

Recordó que dos de los miembros de la Cámara de Cuentas, su presidente Hugo Alvarez Pérez y su miembro Margarita Melenciano, han denunciado hechos que tipificarían el delito de obstrucción a la justicia, que es uno de los tipos penales por los que se investiga a varios de sus funcionarios.

Considera que desde el punto de vista legal y constitucional, no existen elementos que permitan impugnar la medida ejecutada por el Ministerio Público, que cumplió con el requisito de obtener una autorización judicial previa.

Agrega que la Constitución permite procesos penales contra los miembros de la Cámara de Cuentas, lo cual está establecido en su artículo 154 que describe las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia sin establecer restricción o excepción alguna.

Álvarez indica que este texto constitucional echa por tierra el argumento de que mientras estén en sus funciones solo pueden ser objeto de un juicio político ante el Congreso, ya que deja claro que pueden ser sometidos penalmente ante la Suprema Corte de Justicia, lo que solo es posible mientras estén en sus cargos, pues tan pronto cesan pierden la jurisdicción privilegiada.

Álvarez apunta que el Ministerio Público es el responsable de dirigir la investigación penal y que dentro de sus herramientas se encuentra el allanamiento en lugares públicos y privados. y con ello la incautación de documentos y equipos electrónicos.