Nueva vez, la  fecha del 25 de noviembre llega para esta sociedad en medio de los pesares y la preocupación por el alto número de mujeres que son brutalmente asesinadas año tras año por hombres que las pretendían contra su voluntad.  Nuestros índices de abusos y crímenes de género horrorizan.

 Son frutos de un machismo  abominable contra el que se levantan amplios sectores que exigen al Estado movilizarse con reformas institucionales y políticas sociales para defender a la mujer. Las autoridades dan respuesta en estos momentos a ese reclamo de la sociedad movilizando a la opinión pública con una campaña por el respeto a la vida  y a los derechos de  las ciudadanas. Además se realizan  esfuerzos cívicos y de gestión oficial para impedir la consumación de un retroceso en el Código Penal sobre el tratamiento a los crímenes contra la mujer.

Leyes y condiciones estructurales también   ejercen  violencia sobre la población femenina. Salarialmente  suele darse la inequidad  en perjuicio de la fuerza laboral del sexo femenino respecto del hombre, mal que se ha  acentuado  al crecer  la participación de la mujer en el empleo. Existe además el acoso sexual apoyado en jerarquías  o situaciones   de  desventaja para la mujer. El Día de la No Violencia contra la Mujer, inspirado en el asesinato de las hermanas Mirabal, debe servirnos para reafirmar el compromiso de reducir los feminicidios y  los abusos  hasta extinguirlos. ¡Ni  una más!

El combustible de la indignación

El gasto excesivo de recursos públicos  en servicios personales, en medio de un desbordamiento que  llevó el déficit fiscal a un nivel insostenible, sirvió con frecuencia para nutrir privilegiadamente a cúspides  burocráticas. Las revelaciones y traídas  a colación nuevamente  de estos hechos  (ver semanario The Economist) no solo indignan a muchos dominicanos sino que reafirman  que el país está puesto en las cuatro esquinas del mundo como un pésimo caso  de manejo de su Estado.

A despecho de las evidencias, algunas voces insisten en tergiversar el panorama para atribuir las manifestaciones de indignación (en las cuales  algunos participantes  recurren innecesariamente  al insulto) a fines ocultos e  intereses descalificados. La percepción de que se cometieron muchas  graves violaciones a normas y leyes  para desbordar el gasto es suficiente  para entender  la indignación de la sociedad y sus protestas.