En un Estado mínimamente organizado se supone que previo a llevar al presidente de la República un decreto para su firma, debe ser debidamente revisado por el consultor jurídico de la Presidencia, además de confirmar el estatus legal del recomendado en el caso de un nombramiento público.
Eso evitaría situaciones de vergüenza como la que sufrió el país con los nombramientos de parte del Ejecutivo de tres individuos altamente cuestionables, incluso uno purgando condena por maltrato físico a su esposa, y otro reincidente en la introducción ilegal de haitianos al territorio nacional.
El tercer nombrado, sin ningún pudor por el presidente Medina, es un ex funcionario destituido por verse involucrado en dos escándalos de manejos cuestionables de fondos públicos. El primero por 70 millones 687,500 pesos y el segundo por 600 millones.
Al ser preguntado sobre el primer caso, el presidente Danilo Medina alegó que no sabía nada del asunto y procedió a emitir otro decreto destituyendo al funcionario el día siguiente de su nombramiento como vice ministro de la Juventud. Sobre los otros, no ha dicho nada.
Mientras esas cuestionables designaciones se realizan sin sonrojos, el Ejecutivo procedió a cancelar los nombramientos de dos profesionales que debían ser un lujo para cualquier gobierno que se precie de serio por la capacidad y prestigio de los mismos.
El primero es el doctor Nelson Rodríguez Monegro, director del Servicio Nacional de Salud, quien tuvo la dignidad de rechazar el cargo de asesor que le ofrecieron, y el segundo es el doctor César Mella, quien fue sustituido de la dirección general del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y de quien se espera una actitud similar.