Nombres sobornados Odebrecht se conocerán en los tribunales

Nombres  sobornados Odebrecht  se conocerán en los tribunales

Como parte de los compromisos asumidos por Odebrecht en el acuerdo de oportunidad, la Procuraduría General de la República recibió ayer toda la información oficial sobre los US$92 millones pagados en sobornos por el consorcio brasileño a funcionarios e intermediarios en el país.

El procurador general, Jean Rodríguez, informó que los nombres de los vinculados serán de conocimiento público cuando los remita a los tribunales, para lo cual se necesitan llenar algunos trámites.

Dijo que para acelerar ese proceso, un equipo de técnicos, analistas fiscales y personal especializado del Ministerio Público inició ayer mismo la traducción legal de los archivos recibidos, “para luego cotejarlos y verificarlos con los datos recabados durante la investigación hecha en el país, y otros detalles específicos suministrados por Odebrecht”.

Indicó que son cientos los archivos remitidos por las autoridades de Brasil, y “miles” los datos obtenidos en las investigaciones realizadas por el MP aquí sobre el caso.

“En aras de la transparencia que merece la ciudadanía, en la medida en que la investigación de este caso y el cumplimiento del indispensable proceso legal lo permitan, todas esas informaciones y documentaciones, sin excepción, serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales”, afirmó el procurador en un documento de prensa.

La revelación de los nombres de los funcionarios sobornados es un clamor de grupos sociales que abogan por el fin de la impunidad y cárcel para los corruptos.

El pasado 19 de abril el procurador general informó que a más tardar en treinta días (que se cumplen hoy), tendría en sus manos la lista de quiénes Odebrecht dice que recibieron pagos ilegales, así como también testimonios, correos electrónicos, libros, registros y documentos afines.
Esto luego de que el juez Danilo Amador Quevedo, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologara el acuerdo que, basado en la figura del criterio de Oportunidad, establecido en los artículos 37 y 370.6, respectivamente, del Código Procesal Penal y normas complementarias, firmaran el Ministerio Público y Odebrecht.
En el acuerdo, Odebrecht se comprometió además a resarcir al Estado dominicano con US$184 millones, de los cuales hizo un abono de US$30 millones.
El Ministerio Público, de su lado, se comprometió, entre otras cosas, a “prescindir” de las acciones penales y la aplicación de una solución alternativa del conflicto, la cual no beneficia de manera alguna “a otras sociedades ni representantes comerciales, empleados, gerentes, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios, funcionarios públicos, exfuncionarios públicos ni al señor Ángel Rondón Rijo, cualquiera que sea la calidad que ostente respecto de Odebrecht, ni demás terceros que no sean parte directa del grupo económico…”.

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