La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos está compuesta por nueve magistrados. Según indica la Constitución de ese país, cuando un Juez se retira o fallece, es el Presidente que nomina al sustituto. El Senado Federal lo ratifica o lo rechaza. Si es confirmado, es una posición vitalicia.
Es un secreto a voces que la Suprema está dividida ideológicamente entre Conservadores y Liberales. La composición hasta hace unas semanas era dominada por los Conservadores 5 a 4. Los cinco Conservadores (Roberts, Alito, Thomas, Kennedy y Scalia) y los cuatros Liberales (Sotomayor, Kagan, Ginsburg y Breyer) decidían por lo general en temas trascendentes y cruciales, en función de sus ideologías.
Así las cosas, la mano de Dios actuó. El 13 de febrero pasado, Antonin Scalia, el juez que marcaba la ruta conservadora fue llamado por el Señor. La composición ideológica está pues empatada, cuatro por cada bando. Esta muerte inesperada ha desatado una explosión política digna de un análisis.
Los Republicanos entienden que el Presidente debe dejar que “los votantes” decidan. Consideran se debe esperar hasta que el próximo nuevo Presidente tome posesión en enero del 2017. Amenazan también rechazar cualquier nominación, ya que ellos controlan el Senado 54 a 46. A los republicanos se les olvida convenientemente que Reagan nominó al actual Magistrado Kennedy en su último año.
El Presidente Obama ya anunció que ejercerá su derecho constitucional y nombrará al magistrado faltante. Como Obama es de la parcela liberal, su nominación, de ser aprobada, cambiaría la ideología de la Suprema Corte de Justicia en dirección progresista. Será el cambio más importante desde 1991. Ese año, los liberales perdieron el control ideológico hasta el día de hoy.
Así pues, esa nominación de aprobarse, cambiaría o enmendaría eventualmente las leyes de la nación y hasta la forma de vida del ciudadano común. Temas trascendentales, como por ejemplo: Los derechos de los abortos estarían mejor resguardados, mientras los derechos de posesión de armas menos. Los intereses de los grandes negocios serán analizados con probabilidad de menos éxitos, en cambio, los consumidores y trabajadores con más exitos. Así mismo, la hostilidad judicial a los programas sociales para asistir a las minorías que se encuentran desamparadas desaparecerían. También, los argumentos de la primera enmienda en caso de los financiamientos de las campañas políticas e uniones públicas, tendrían una recepción más encuadradas con los nuevos tiempos y de seguro se enmendarían. Pero lo más importante y trascendental sería que las reformas sanitarias de Obama estarán bien resguardadas.