Recientemente un grupo de estudiosos españoles ha realizado una serie de experimentos para determinar la forma en que los individuos reaccionan ante diferentes tipos de reglas y normas. Una de las conclusiones del Estudio es que los humanos creamos una serie de respuestas alternativas cuando una ley o una norma es muy difícil o imposible de obedecer.

En un trabajo sobre sociología y sicología ambiental, escribí hace algunos años, que una norma de uso del espacio público, una calle, por ejemplo, tiende a ser desobedecida si la norma no es conocida,  es ambigua, está mal comunicada, o el diseño del espacio no permite que el usuario (conductor o peatón) pueda hacer el movimiento que se está ordenando que haga, o si el realizarlo, el mismo resulta riesgoso o desventajoso para el usuario.

Similarmente ocurre con muchas leyes que por  ser gravosas, injustas o materialmente imposibles de obedecer, caen dentro de lo que los sicólogos españoles del referido Estudio llaman normas perversas.

Este concepto es sumamente interesante, especialmente para los que tienden a creer que la desobediencia a las leyes es meramente un asunto de ignorancia, deseo de desobedecer, o inclinación natural al desorden, lo cual es generalmente falso. Pero ocurre que en un país semi-analfabeto, en donde hemos importado muchas reglas pero no las infraestructuras económicas y tecnológicas que les dan sustento y viabilidad, muchas de estas normas de vida civilizada no pueden ser siquiera asimiladas por gran parte de la población. Lo peor resulta ser la manera irresponsable como los gobernantes y las élites locales pretenden abordar este asunto. La tentación más común es la de atribuirle estas “conductas desviadas” a la mentalidad de los dominicanos, y peor aún, de tratar de corregirlas con las mismas acciones institucionales (policiales, educativas, comunicativas, jurídicas) que en aquellos países, donde la conducta desviada es la excepción.

Se puede considerar perverso todo  sistema institucional trasplantado a una cultura y sociedad cuyas bases (infraestructura y superestructura) son radicalmente distintas. Si además se pretende, como aquí, ahora, imponer normas constitucionales que carecen de suficiente legitimidad, de procedimiento y sustancia, contrarias al interés y el sentido comunes y conculcan derechos adquiridos de los ciudadanos.

Donde quiera que la viabilidad de la supervivencia misma de grandes núcleos de población  no se ha resuelto y ni  siquiera planteado, resulta decididamente perverso el hacer pactos, leyes o normas constitucionales que contravengan las disposiciones de ánimo, los estados emocionales, expectativas y condiciones existenciales de sectores que podrían verse forzados por normas perversas a la desobediencia, a atentar contra la paz pública y la gobernabilidad.  O, en todo caso, a aumentar el deterioro del sistema institucional, valórico y normativo.