El pasado 16 de enero mi muy apreciado amigo y muy respetado colega Eduardo Jorge Prats publicó un artículo en el periódico Hoy en cuyo título pregunta ¿Quién defiende la Constitución? y a seguidas analiza que nuestra Suprema Corte de Justicia ha faltado históricamente en su rol de juez constitucional y que dicha función estaría mejor desempeñada por una Sala Constitucional.

En muy respetuoso desacuerdo con esta opinión, a la pregunta hecha solícito respondo: “Nosotros defendemos nuestra Constitución”: Nosotros, los que vivimos la Constitución y literalmente la sudamos diariamente cumpliendo con nuestros Deberes para consecuentemente exigir nuestros Derechos. Nosotros, los que sabemos a la Constitución como “nuestra” con un sentido de patrimonio común.   

“Nosotros” no necesitamos que “nadie” cuide de lo nuestro, sino que simplemente designamos quién vele porque se aplique nuestra Carta Magna.

Ahora bien, establecido claramente quiénes defienden la Constitución, estamos en posición de adentrarnos en la real función del Poder Judicial  que, sea por vía de su Suprema Corte de Justicia o de una Sala Constitucional, no es la de “defender” nuestra Carta Magna, sino la de simplemente “aplicar” la Constitución a la solución de los conflictos que se le presentan sea entre dos particulares, sea entre un particular y el Estado o conformando los actos de “cualquier” Poder Público a la Letra de la Constitución en un ejercicio concentrado o difuso de control constitucional.

Ahora bien, en nuestra realidad cotidiana vemos con mayor frecuencia de la que deberíamos cómo muchos jueces, salvadas las excepciones, se apartan en sus fallos de la letra de la Ley y la Constitución y esto tiene dos razones y las dos son malas: La ignorancia y la corrupción.

Los males que he evidenciado y que carcomen todo el aparato judicial, incluyendo a la misma Suprema Corte de Justicia, no se solucionan por lo que sería un acto de abandono a nuestro más alto tribunal, creándole una oscura súper-estructura a la que, cubierta con piel de oveja, se quiere llamar “Sala Constitucional”; con esta práctica solo conseguiremos atender dos enfermos en vez de uno.

El problema de las sentencias malas no es institucional, sino humano, la Suprema Corte de Justicia, como institución, nunca ha dado ni dará sentencias ni buenas ni malas, los que las dan son los jueces que la componen, entonces para paliar esto, ¿los nuevos jueces de la llamada “Sala Constitucional serán sabios griegos o suecos honestos? ¿se solucionará el problema generando una institución totalmente nueva o vigilando a los jueces que conforman la institución que ancestralmente conocemos?

¿Qué pasará cuando la llamada “Sala Constitucional” dé una mala sentencia de esas que queremos evitar? ¿Qué sucedería si el dar esas malas sentencias se convierte en una regla de esa Sala Constitucional? ¿Qué sucedería cada vez que cualquier autoridad del Estado quisiera enfrentarla teniendo ella la capacidad de anular o casar cualquier acto de su rival institucional? ¡Respuestas por Dios, quiero respuestas!