El reciente fallecimiento, a edad nonagenaria, del juez Archibald Cox, designado investigador especial del escándalo político llamado Watergate, en 1973, actualiza la virtualidad de la democracia que norma la vida institucional de los Estados Unidos de América.

Enfrentado al Presidente Richard Nixon, acusado por el Senado de perjuicio, el juez Cox le dijo: «Señor Nixon, usted le ha mentido al pueblo norteamericano, ya usted no califica para gobernarnos».

El día 30 de enero de 1973, el recién reelecto presidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon, leyó nueva vez, puesta la mano derecha sobre la Biblia familiar, el juramento sacrosanto: «Yo, Richard Nixon, juro solemnemente que cumpliré el cargo de Presidente de los Estados Unidos con toda fidelidad, y que según mi leal saber y entender, mantendré, protegeré, y defenderé la Constitución y las leyes de la nación». El mes de noviembre anterior, había sido reelecto, por el sesenta y cuatro por ciento del voto popular, él más elevado de la historia norteamericana. Le favoreció la promesa de «traer los muchachos del infierno del Vietnam», en el que desde la administración del Presidente Kennedy, habían muerto o desaparecido más de sesenta mil soldados. Pero conforme lo aclamaban sus parciales dentro del Partido Republicano, las elecciones de noviembre habían sido ganadas, gracias a Breznev y a Mao-Tse-Tung», en una alusión intencionadamente política, a los espectaculares viajes realizados por el Presidente a Rusia y a la China comunista, en los que promocionó sendos acuerdos destinados a controlar las reservas nucleares de los respectivos países.

Pero para garantizar su reelección, el Presidente Nixon había creado un organismo personalmente dependiente de el, al margen de la maquinaria del Partido Republicano, fue ese el origen de su perdición, apenas un año después. No había apreciado el arraigado sentimiento democrático del pueblo norteamericano, su pasión por los derechos individuales, y su idolatría por igualdad ante la ley. Una frase popular tipifica ese sentir: «Yo pago mis impuestos, y por tanto reclamo que se respeten mis derechos».

Previo a las elecciones en las que obtuvo el segundo mandato, el 17 de junio de 1972, cinco hombres, inicialmente calificados como rateros por la policía, fueron sorprendidos por un guardián privado, mientras forzaban las puertas de los apartamentos donde estaban instaladas las oficinas del Partido Demócrata, en el hotel Watergate de Washington. Habían estado allí anteriormente, pero retornaron esa madrugada, para revisar la instalación de un equipo de espionaje electrónico que habían instalado.

Pero las investigaciones realizadas por el FBI, demostraron posteriormente que no eran tales ladronzuelos, sino integrantes de un grupo de espías, que trabajaba a las órdenes de funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca. O sea el servicio del propio jefe del Estado.

Lo que inicialmente fue una noticia destinada a un breve espacio en las páginas interiores de los periódicos, adquirió progresivamente el estado de un delito político, lo que obligo al Presidente Nixon a restarle importancia, con el señalamiento de que «el espionaje no-tenía cabida en el sistema electoral de la nación o en la forma del gobierno tradicional». El Presidente dijo Nixon, es el guía moral del país, y no miente».

Pero presionado por la prensa, los supuestos ladronzuelos, declararon bajo la promesa de que serían sancionados «misericordiosamente», identificando a quienes eran sus superiores de la Casa Blanca, bajo cuyas ordenes actuaban. Estos a la vez, no tuvieron otra alternativa, que la de renunciar varios de ellos, y de constituirse otros en acusadores de la más alta instancia del poder. El juez actuante, recientemente fallecido, señala al Presidente con el señalamiento de que «Presidente se le puede permitir que haya desviado fondos federales para ampliar su casa de veraneo, e inclusive se le podría permitir que no pague sus impuestos. Pero lo único que el pueblo no le consiente es, que viole la Constitución, o que socave los derechos de otros, porque esta escrito: «La Justicia es igual para todos, porque allí esta garantizado el derecho del pueblo a tener seguros la privacidad de su casa, sus efectos y sus papeles contra registros fuera de razón». «Esto significa – prosiguió -, que a los norteamericanos nadie le prohibe o le impone su religión, nadie le quita su facultad de expresarse como quiera, nadie le priva de su prensa libre, nadie le impide reunirse pacíficamente donde, como y con quien quiera».

Acorralado por la prensa, el Presidente Nixon recurrió a todos los recursos de que disponía, inclusive al de cancelar al investigador especial designado para el caso «Watergate», pero el sustituto nombrado por él, prosiguió en la tarea que la había sido asignada a su antecesor. El Presidente, como lo decidió el Tribunal Supremo, estaba obligado a presentar la totalidad de las cintas magnetofónicas, en las que había grabado las conversaciones privadas de los periodistas y los políticos que le eran adversos, y hasta varios de sus funcionarios, de cuyas lealtades dudaba.

Presento las cintas – muchas de ellas mutiladas, y ahí grabo su tumba política. Había mentido, y había incursionado en la privacidad de otros ciudadanos, dos delitos con los que violo la Constitución y se hizo acreedor del rechazo del pueblo a su credibilidad.

El 24 de junio de 1973, el investigador especial subió las escaleras del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y desestimando los alegatos del Presidente dictaminó:

«Números 73-1766-73-1834

Ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Año Judicial 1973

Demandante: Los Estados Unidos de América

Contra

Demandados: Richard M. Nixon, Presidente de los Estados Unidos y Otros.

A seguidas, el Secretario leyó, «rey eres si obras rectamente, si rectamente no obras, no lo eres».

El Presidente Nixon advirtió que había perdido el enfrentamiento con la justicia, y admitió previo un acuerdo, en el sentido de que seria perdonado por su sustituto en la jefatura del Estado, el vicepresidente Gerard Ford:

«Por todo lo cual, yo, Gerard R. Ford, Presidente de los Estados Unidos, de acuerdo con el poder de perdonar que me confiere él artículo II, sección 2 de la Constitución, he concedido, y por la presente concedo, un total, libre y absoluto perdón a Richard Nixon, por todas las ofendas contra los Estados Unidos que haya cometido, o pueda haber cometido, o en las que pueda haber participado durante el período comprendido entre el 20 de Enero del 1969 y el 9 de Agosto del 1974.

«Y para dar fe de todo lo cual, he firmado la presente, en este octavo día del mes de Septiembre del año de Nuestro Señor, mil novecientos setenta y cuatro, siendo el año ciento noventa y nueva después de la Independencia de los Estados Unidos de América».

La congresista negra Bárbara Jordán, de Texas, declara a la prensa: «Cuando el año 1787, se termino de redactar la Constitución, yo no fui incluida en las palabras Nosotros, el pueblo». Ahora sin embargo, yo soy ese pueblo».