El Colegio Dominicano de Notarios depositó ayer ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una demanda de nulidad contra la resolución 21-2018 emitida por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), la cual impone una tarifa por el registro de actos notariales.
El presidente del gremio, Pedro Rodríguez Montero, reiteró que la resolución es “criminal y abusiva contra la ciudadanía”, ya que impone un “impuesto” de RD$550 a cada acto notarial.
Por su lado, el presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, ha indicado que el pago por el registro de los actos notariales no se trata de un impuesto sino de una “tasa por servicio”.
También aclaró que los actos bajo firma privada están exentos de esta tarifa. La facultad. Rodríguez manifestó que esta resolución constituye una violación a la Ley 140-15 del Notariado, la cual solo le otorga la potestad al CPJ de establecer todo lo relativo al funcionamiento del registro de testamentos y poderes.
“Es una pena que sea el propio presidente del Consejo del Poder Judicial que viole la Ley 140-15 y la Constitución, al desconocer que solo el Congreso puede crear cargas impositivas”, expresó.