El Presidente Leonel Fernández ha anunciado una guerra frontal contra la droga. La sociedad anhelaba una proclama de esta naturaleza y, más que eso, que el discurso se convierta en acción sin tardanza. No hay duda de que el país ha pasado de puente del tráfico internacional de drogas a punto de destino y mercado. El gran tráfico paga en especie los servicios locales de distribución y trasiego, y esa paga se convierte en dinero a través de puntos de venta que se han multiplicado por todo el país. Desde este punto de vista, la guerra avisada cuenta con pleno respaldo de una sociedad que ha visto crecer este monstruo generador de crímenes de todas clases.

 Pero siempre hay un “pero”. El vínculo cada vez más frecuente de policías con delincuentes civiles y particularmente con el narco -crímenes en Puerto Plata, “tumbe” en Azua, muerte de un empresario en Tamboril, asalto a un supermercado en que tres de la banda eran policías, etc…- obligan a alertar sobre la necesidad de una profilaxis profunda del personal que  va a hacerle la guerra al narco. El éxito o fracaso de esta guerra dependerá mucho de la idoneidad de la fuerza de ataque que destine el Gobierno. En nuestras filas policiales hay gente honesta y responsable. Es, sin duda, la mayoría. Pero los hechos demuestran que todavía hay manzanas podridas  que pueden venderle al enemigo la guerra  anunciada por el Presidente.

Protejamos la industria local

Aún bajo el esquema de apertura comercial tutelado por la Organización Mundial del Comercio, los gobiernos de los distintos países disponen de  cláusulas que les  permiten proteger la industria local. Una situación en que esta facultad aplica es cuando el ingreso de una mercancía extranjera se hace bajo ventajas que perjudican a la industria del mismo ramo del país receptor, fomentando competencia desleal o cualquier otra figura sancionada por las pautas comerciales modernas.

De ahí que es necesario que el Gobierno despeje las dudas acerca de la intención de importar tubería plástica, para emplearla en la construcción del acueducto de Samaná, descartando la oferta de fabricantes locales que afirman poder suplir toda la necesidad con ahorro de hasta un 50% y con la misma calidad de la oferta extranjera. Creemos que los industriales locales de este ramo merecen del Gobierno una explicación satisfactoria.