Por estar mirando, durante tanto tiempo, hacia el Congreso Nacional, pendientes de  la escogencia de los nuevos miembros de la JCE, no hemos puesto la atención debida  a lo que ocurre  en la justicia, donde las demandas por un mejor presupuesto pueden alcanzar  niveles de  conflictividad  inéditos, históricamente hablando, en ese poder del Estado. La Coordinadora de Jueces que Luchan por la Autonomía Presupuestaria, que evidentemente no cree en aquello de que los jueces solo hablan por sentencias,  criticó   al presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, a quien reprochan su “inercia” para emprender acciones legales para obtener el 2.66% del Presupuesto que por ley le corresponde al Poder Judicial. Y le advierte, en una comunicación de la que guarda copia este diario, que si en un plazo prudente no reacciona tomarán “acciones drásticas” para lograr que se cumpla con el mandato constitucional. En esa comunicación de tono inusualmente belicoso los jueces no aclaran qué consideran un plazo prudente, ni tampoco explican, aunque  es fácil  imaginarlo, en qué consisten las acciones drásticas que estarían  dispuestos a emprender, pero el conflicto está planteado, sobre todo después de que el presidente del Consejo del Poder Judicial  declaró que no hará diligencias personales ni se convertirá en mecanismo de presión para que a la Justicia se le asignen los recursos que manda la ley, pues respeta la soberanía  de los demás poderes del Estado. Y eso, por supuesto, no presagia nada bueno, pues si hay algo que no necesita la justicia dominicana, agobiada por sus inocultables miserias materiales y las  recaídas de su credibilidad, es que el “luchismo” radicalero   por un mejor presupuesto se convierta en un factor trastornador de su precario desempeño.