La mayor parte de las aguas de la isla de Santo Domingo está en el subsuelo. Solo una pequeña parte corre sobre la superficie de los dos países que la ocupan. Pero esa superficie está cada vez más poblada, el crecimiento demográfico y su consecuente crecimiento infraestructural van cubriendo cada vez más la superficie, y poniendo en riesgo cada vez mayor las aguas que corren bajo sus cimientos.

Eso lo hemos dicho otras veces, pero cada día es como si se dijera de nuevo, puesto que la falta de ordenamiento territorial sigue permitiendo el crecimiento del caos, y con éste el crecimiento del riesgo.

Pero otro riesgo se suma a los ya existentes. La privatización de terrenos, muchos de ellos con enormes acuíferos subterráneos permite la privatización de sus aguas. Aunque la ley asegura el dominio del Estado sobre los recursos bajo tierra ésto se ha convertido en letra muerta en buena parte de la República Dominicana. Muestra de ello es la utilización y modificación de algunas cavernas inundadas con propósitos privados y sin prevención en cuanto a la protección de la salud de sus aguas.

La utilización del subsuelo para el vertido de desechos sigue siendo una alternativa de empresas, hoteles y familias, tanto por causas económicas como por un total desconocimiento del daño que causan a las aguas subterráneas, consideradas como el recurso futurista de este líquido.

Todavía en la República Dominicana no se maneja adecuadamente la información sobre el riesgo que se corre al utilizar el subsuelo para deshacerse de los desechos sólidos y líquidos, incluyendo algunos químicos. Las limitaciones existentes, incluso manejadas, para evitar que la gente común acceda al conocimiento de las normas y leyes establecidas para la protección de los recursos del subsuelo hace que el riesgo crezca incontroladamente.

Un proyecto para identificar las cuevas con una ficha fijada a su entrada advirtiendo de su protección no pudo ser realizada durante el período de gobierno que termina por falta de recursos. Esa sola advertencia a la entrada de las cuevas hubiera sido un primer llamado a la protección de éstas y de sus recursos. En el caso de las cuevas con agua hubiera sido un primer paso hacia la protección de las aguas subterráneas, las cuales ya se usan desde hace muchos años, pero en los años más recientes su uso colectivo y empresarial ha crecido enormemente, como ha ocurrido con el sector hotelero de Bayahíbe y de Bávaro.

Las amenazas que representaban el uso de las cuevas y furnias por comunidades rurales, regularmente para deshacerse de animales muertos y otros desechos, han sido superadas por las amenazas de la industrialización citadina, principalmente por el uso de los espacios subterráneos y las aguas subterráneas para el vertido de sustancias más peligrosas que la misma basura rural.

La existencia de regulaciones ambientales, principalmente las que tienen que ver con la gestión ambiental en las ciudades, no ha impedido que esto siga ocurriendo, algunas veces por la falta de controles y vigilancia, otras veces porque las multas no son lo suficientemente altas, y la más de las veces por la falta de ética en la población común dominicana.

Como todo aquí, todo se queda para cuando haya educación. En tanto culpamos a la falta de educación de los dominicanos de todo lo que va ocurriendo. Lo imperativo, en términos generales, es la aplicación de la educación ambiental en los planteles como paso previo a que tengamos una generación con conocimientos ambientales, la primera. Las siguientes no serán más que resultados del seguimiento a esa educación, que deberá incluir la enseñanza en los lugares propios de los fenómenos, en las cuevas, por ejemplo, para la cabal comprensión de lo que aquí decimos. De otra manera solo será hablar por hablar y pasar la materia.