El país se beneficiaría muchísimo si los sectores público y privado pudieran trabajar conjuntamente por un mejor futuro para los dominicanos.

El sector privado es el que tiene la mayor capacidad para crear los empleos que se necesitan y de él provienen los impuestos que el sector público recibe y que podrían utilizarse mucho más eficientemente para resolver los alarmantes problemas de pobreza e inequidad social que padecemos.

El sector público, por su parte, juega un rol importantísimo a través de la política económica y de las leyes y regulaciones, estableciendo prioridades económicas explícitas o implícitas, asignando recursos propios e incidiendo en la asignación de los privados.

En los distintos gobiernos han existido coincidencias entre algunos funcionarios del Estado y representantes del sector privado, pero dado el carácter de prisioneros del modelo político que siempre han tenido los primeros, se ha avanzado muy poco en un proyecto-país concertado. ¿Por qué?

Porque el sector privado pide que no se politicen las decisiones económicas; que los recursos públicos se utilicen en forma transparente y con criterios de eficiencia económica y social; que el Estado trabaje por la competitividad, contribuyendo a bajar costos-país que nos perjudican frente a nuestros competidores externos; que las instituciones del Estado sean fuertes y efectivas, no acromegálicas y corruptas. Pero el sector público nunca ha hecho ni hará nada de eso -a no ser que en algunos casos sea obligado por organismos internacionales- pues hacerlo significaría desmontar el modelo político de clientelismo, corrupción e instituciones débiles que tanto beneficia a los partidos y sus socios.

¿Cómo es posible poner de acuerdo a un sector privado que quiere una economía que exporte más y un modelo político que gasta e invierte con otros objetivos, como se demuestra con el tradicional descuido de la educación, tan necesaria para mejorar la competitividad de nuestra economía?

Definitivamente, los proyectos son distintos. El empresario dominicano invierte recursos en una economía pequeña y sirve a un mercado de ingresos bajos. Para crecer, necesita que su mercado se amplíe. Esto se puede lograr vendiendo más en el exterior, lo cual también beneficia a la población, pues conduce al aumento del empleo y del ingreso, repercutiendo después favorablemente en el mercado interno. El político dominicano lo que busca es recaudar recursos del sector privado (empresarios y pueblo consumidor) para derrocharlos en campañas electorales o en nóminas gigantescas de parásitos, y para invertirlos en obras estructuradas alrededor de la corrupción, de donde sacarán recursos para repetir en el poder y volver a hacer lo mismo. Por eso la concertación económica de largo plazo es imposible, mientras se mantenga el modelo político.

Pero también es imposible la concertación social, ya que el modelo político sólo tiene dinero para sus beneficiarios, pero nunca para mejorar las condiciones de vida de los pobres.

Con proyectos tan distintos, sólo los diálogos mediáticos pueden existir. En ellos se promete mucho, pero siempre terminan en una decepción más.