CÉSAR PÉREZ
Para los principales dirigentes del actual partido de gobierno, existe una idea fija de que la permanencia de ellos en la conducción del Estado constituye la única posibilidad de que este país avance hacia lo que ellos entienden modernidad. Un conservadurismo fundamentalista que niega el principio de la alternancia en el poder, que es la base de la democracia.

Mediante el uso recurrente e indistinto de los conceptos modernidad, progreso, avance dichos dirigentes, principalmente en el presidente de la República, construyen el nuevo sello de marca de su identidad partidaria y su discurso para justificar muchas de sus acciones o realizaciones.

Sin embargo, existen muchos indicadores que nos dicen que durante sus mandatos es que más notorio ha sido el deterioro de las relaciones entre los principales actores del sistema político dominicano, del transfuguismo como variante del canibalismo político, la debilidad del Estado y los intentos de creación de un pensamiento único, son claras expresiones de cultura política atrasada.

La era moderna se afianza con separación de las esferas pública y privada, que significó el triunfo de la libertad individual frente al absolutismo del Estado, el afianzamiento de las actividades económicas y sociales libres del tutelaje de los políticos; el fortalecimiento de las reglas que establecían las esferas de actuación del Estado y de la sociedad civil, la separación de los poderes, y el inicio de la separación del Estado y la religión.

En este país, a diferencia de otros tiempos, hoy Estado y partido gobernante parecen ser la misma cosa. El Presidente no parece tener un gobierno, sino una particular relación con los ministros de las diferentes instituciones del Estado que actúan sin ningún plan de gobierno más o menos articulado. Éstos se asignan sueldos a su buen grado, tienen sus propios programas de gastos en publicidad y pago de personal, solapándose sus actividades privadas con las públicas.

El presidente de éste y los anteriores gobiernos asignan los recursos de acuerdo a sus particulares prioridades, crean dependencias que disponen de más recursos que las instituciones del organigrama del Estado: las Oficinas de Ingenieros, de Asesores, «Despachos», Opret, etc. Sin estudios ni registro de beneficiarios, el actual gobierno informa que está repartiendo tres mil pesos a cien mil desempleados y asigna 40 millones de pesos para la construcción de un suntuoso templo católico.

La clase política ha revertido la antigua función de los políticos: de ser mediaciones del sector empresarial para dirigir lo público, como diría Gramsci, hoy, a través de la política, son también empresarios cuyas vinculaciones con el poder, por momentos, les permiten narigonear al sector empresarial privado.

Como en los tiempos de las corporaciones medievales, las corporaciones de choferes ponen sus reglas en el transporte urbano e interurbano de pasajeros y de mercancías, los gremios profesionales, sobre todo del sector salud, hacen lo propio; igual hace el sector privado de la educación.

Como las cortes en los tiempos del monarca, la mayoría del poder legislativo le sirve al Ejecutivo aprobándole todas sus urgencias. Como retribución ésta legisla a su antojo, se aprueban normas y leyes para potenciar sus irritantes privilegios y los de la minoría. Lo mismo hacen regidores y síndicos, al margen y a veces en contra de sus partidos.

En términos de organización social, marchamos en sentido contrario de lo que se entiende por sociedad moderna, se moderniza el atraso, los privilegios y el desmantelamiento del Estado. Demasiado gobierno y poco Estado.