M. DARÍO CONTRERAS
Aun cuando pueda alegarse que la generación de la energía eléctrica en República Dominicana está en distintas manos, para el usuario no regulado, como usted y como yo con toda probabilidad, el servicio eléctrico es a todas luces un monopolio controlado por el Estado. Éste se encarga de transmitirlo y distribuirlo a los hogares y edificaciones del país, aunque de manera muy deficiente e injusta para los que sí pagan su consumo eléctrico, muy sobrevalorado y, quizás, sobre-facturado.

Se alega que el 50% de los consumidores no pagan la energía consumida, razón por la cual los que sí pagan deben cargar con este déficit en la cobranza. Además, la mayoría de los sectores no reciben energía en forma continua por un eufemismo llamado Gestión de Demanda, amén de las interrupciones causadas por averías y/o mantenimientos “programados”. Sencillamente, nuestra situación ante un servicio tan vital como el eléctrico es un verdadero fiasco, aun reconociendo los ingentes esfuerzos que se hacen desde el Gobierno Dominicano para resolver una situación fruto de la imprevisión y el oportunismo político de nuestros dirigentes nacionales.

Nuestra tarifa eléctrica es sin duda una de las más caras del mundo, pues para los consumidores como usted y yo ronda los 26 centavos de dólar. Sin embargo, los que se suplen mediante contratos directos con los generadores la compran, en el punto de entrega, a razón de menos de ocho centavos de dólar. Conocemos de casos en que el precio de compra es de cinco o seis centavos. Estos consumidores privilegiados deben tener un consumo de dos megavatios-hora como mínimo. Las propias autoridades han expresado que la tarifa es muy alta y que pudiera estar a nivel de unos 12 centavos de dólar.

Como es bien conocido, además del problema de la cobranza para los altos precios que pagamos por el deficiente servicio eléctrico que padecemos, está la vigencia de unos contratos de generación, negociado por los distintos gobiernos dominicanos, que son en su mayoría una afrenta a la dignidad nacional por su carácter leonino a favor de los empresarios eléctricos. No sabemos a ciencia cierta si dichos contratos son el producto de incuria pecaminosa de los negociadores dominicanos o de pura incompetencia de éstos. Para paliar un poco el malestar de los consumidores, sin embargo, existe un organismo regulador del sector eléctrico, la Superintendencia de Electricidad (SIE), que tiene como misión proteger los intereses de los actores del sector, especialmente el de los clientes o usuarios del mismo. A este fin, el ente oficial está compuesto por expertos y especialistas del ramo y, además, muy bien remunerados.

Al estar el funcionamiento de la transmisión y la distribución de la energía, incluyendo la generación hidroeléctrica, en manos del gobierno, esto hace espinoso para la Superintendencia de Electricidad el poder cumplir cabalmente con su función reguladora. Por ejemplo, la Ley General de Electricidad 125-01 establece en su Artículo 126 penalidades a las empresas eléctricas “que no cumplan con la calidad y continuidad del suministro eléctrico…” Estas penalidades establecen multas significativas en caso de incumplimiento, “no menor de doscientos (200) ni mayor de diez mil (10,000) veces el salario mínimo nacional”. Estas multas, según el anteproyecto de modificación de la Ley General de Electricidad sometida al Congreso Nacional, sin embargo, se pretenden reducir y dejar al libre albedrío de la Superintendencia el monto de las mismas. En cambio, se pretende penalizar criminalmente a los consumidores por la alteración“intencional” o sustracción del servicio eléctrico que recibe, quedando prácticamente en manos de las distribuidoras el fardo de la acusación. El problema para el consumidor consiste en que tanto la Superintendencia como las Distribuidoras son parte del mismo equipo de Gobierno, lo que hace necesario la intervención de organizaciones independientes que certifiquen y garanticen las imputaciones que se le hacen al consumidor.

Ya que como ejemplo es suficiente un botón, me permito sacar a la luz pública un reclamo hecho por mi persona a la SIE con relación al retiro, en dos ocasiones distintas, de mi medidor eléctrico, sin que la EDESUR cumpliera con los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley General de Electricidad, es decir, sin aviso previo al Cliente o Usuario Titular y sin la presencia de un representante de la SIE/PROTECOM. Al cabo de un tiempo recibía una notificación de EDESUR conminándome al pago de una suma apreciable de dinero por consumo de energía no facturada por fallas de calibración del medidor retirado, según el propio laboratorio de EDESUR. Sin embargo, en la comprobación de laboratorio no estuvo presente alguien que certificara, del lado del consumidor, si en realidad dicha falla del medidor existía y si la misma pudiera ser imputada a mi persona. A este respecto escribí al Superintendente de Electricidad, ingeniero Francisco Méndez, el pasado 16 de octubre, sin haber recibido a la fecha ninguna respuesta sobre la violación de las normas legales por la distribuidora EDESUR y de su olímpico desprecio del organismo regulador SIE/PROTECOM.