Una de las causas por las que la electricidad es tan costosa en este país es el tipo de plantas generadoras y el hecho, risible si se quiere, de que resulta más barato mantener apagados más de la mitad de esos aparatos, que mantenerlas operando y produciendo corriente. Es desde todo punto de vista oneroso que de 34  generadoras instaladas, solo 16 operan regularmente, pues las 18 restantes operan con combustibles tan costosos, que sale más económico mantenerlas apagadas, restándole así 732 megavatios a una capacidad instalada de 2,900 megavatios.

A esa situación se suma el hecho de que entre las 16 que operan regularmente hay algunas de alto consumo de combustibles y otras están en malas condiciones, lo que aumenta sus costos de operación y  mantenimiento y baja eficiencia. Y algo insólito: por uno de esos caprichos contractuales frecuentes aquí, el Estado paga una millonada por mantener apagada la planta de la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís, pues mantenerla generando sus 300 MW de capacidad es altamente costoso.

Bajo estas condiciones no hay manera de contar con electricidad a precio justo, estabilidad en la oferta ni eficiencia. El país tiene que emplearse a fondo para renegociar contratos leoninos y actualizar su parque de generación. La economía no soporta más tanto lastre.

Intranquilidad  en la UASD

En una carta dirigida al Presidente Leonel Fernández, fechada 4 del presente mes, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García Fermín,  alertó sobre planes de llevar la intranquilidad a ese recinto. El jueves y el viernes de la semana recién finalizada esos temores fueron confirmados por medio  de violentas manifestaciones que dejaron balance de ocho heridos de bala y varios detenidos.

A raíz de estos sucesos fueron decomisadas varias armas de fuego, algunas de manufactura casera, y al menos una granada. Quienes instigan estos acontecimientos están atentando contra la oportunidad de preparación de más de cien mil estudiantes, desobedeciendo la autoridad de la academia estatal, incurriendo en actos violatorios al Código Penal, llevando zozobra al entorno residencial y comercial y atentando contra el orden público. Esa situación es intolerable desde todo punto de vista. El Ministerio Público tiene la palabra.