Con la quiebra fraudulenta de varios bancos, así como de instituciones financieras, los ciudadanos están muy preocupados por el destino que le darán a sus depósitos, al conocer que muchos ejecutivos bancarios utilizan, por intermedio de subterfugios y triquiñuelas de apariencia legal, sus recursos depositados para financiar sus propias empresas o proyectos. Debemos reconocer, sin embargo, que esta dolosa práctica después del desastre financiero fraudulento de los bancos en el 2003, ha sido casi totalmente corregida por la Superintendencia de Bancos.
Últimamente hemos sido víctimas de banqueros foráneos a los cuales nuestros cuerpos investigativos nunca les pusieron trabas para la instalación de un banco a nivel nacional. Así tenemos, que el Banco Peravia, su principal directivo, era un “banquero” venezolano de apellido Santoro, que al descubrirse los fraudes que realizó, se fugó hacia su país. Las autoridades dominicanas han pedido su extradición, pero el Gobierno venezolano ha externado que no extradita a sus ciudadanos y por lo tanto, los caudales defraudados permanecerán posiblemente en paraísos fiscales, ya que no podemos contar con las declaraciones del prófugo.
Otro defraude se ha presentado en el Banco Providencial, donde también su Consejo de administradores, descapitalizaron la entidad bancaria y todavía no se ha podido localizar a ciencia cierta, el destino de los depósitos, ni tampoco, si se podrán recuperar los recursos desviados. Sus ejecutivos, el ex teniente general Iván Hernández Oleaga e hijos Ivette y Aquiles han sido apresados.
No solo los Bancos han defraudado a los depositantes. También se da el caso de Financieras como la Belgar, que asimismo se ha alzado con el santo y la limosna por un monto de 500 millones de pesos, y los depositantes no saben si podrán recuperar sus ahorros. Su propietario Emilio Beltré, se encuentra prófugo.
Creíamos que los fraudes bancarios eran cosa del pasado y que la flamante Superintendencia de Bancos cumpliría cabalmente con la finalidad de sus funciones y velaría porque al “golpeado” depositante, al menos se le pudiese garantizar los recursos que invierte y deposita en los bancos. Sin embargo, los funcionarios oficiales defraudadores de estos bancos, han demostrado ser más versados en la aplicación de prácticas fraudulentas para estafar a los ciudadanos, muchos de los cuales, han perdido el fruto del trabajo arduo de muchos años.
En mis muchos años de vivir en la ciudad capital, no había visto esta multiplicación de tantos bancos, financieras y hasta prestamistas totalmente por mí desconocidos. Y nos preguntamos ¿Esta proliferación de instituciones crediticias han propulsado el desarrollo dominicano? Podemos contestar, que parcialmente, por lo tanto, procede hacer un inventario pormenorizado del accionar de estas entidades noveles instituciones bancarias, sobre todo su comportamiento en los últimos años, para evitar los timos y desfalcos a nuestra sociedad civil.
Después de la fuga de los principales ejecutivos del Banco Peravia, su director, señor Santoro, venezolano y cuyas autoridades no otorgarán la extradición, se impone, que la Junta Monetaria y también la Superintendencia de Bancos, impidan que un extranjero ejerza la dirección de un banco o una financiera. Así, siendo los ejecutivos dominicanos, no habrá escapatoria, ni tampoco que se alegue, en caso de evasión hacía un país dado, no poder obtener su extradición para que responda por sus actuaciones.
Sería mucho pedir lo siguiente: De producirse un desfalco de una entidad financiera cualesquiera, el Superintendente de Bancos debería ser enjuiciado conjuntamente con el defraudador, por no haber cumplido a cabalidad las funciones para la cual había sido designado. No debemos olvidar que es un funcionario público asalariado, pagado por los contribuyentes, los cuales tienen la potestad y el derecho para reclamar una indemnización por fallas o negligencias cometidas en el desempeño de sus funciones oficiales.