Nuestros pozos de petróleo

FERNANDO I. FERRÁN
El encabezado de estas líneas no es una artimaña para atraer la atención del lector y su contenido dista de ser un ejercicio teórico y mucho más moralizante. Empleo el término de pozo petrolero de forma alegórica, es decir, para referirme a aquello que hace las veces de oro negro en la sociedad dominicana y que, por tanto, le permite generar los ingresos necesarios para financiar y reproducir su modo de vida. En ese sentido, el país cuenta con diversos pozos petroleros, comenzando con su régimen democrático.

Lo expresado por Dante Caputo, ex canciller argentino, en la presentación del informe del PNUD: “La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos”, en el sentido de que no hay malestar con la democracia sino en la democracia, es aplicable a República Dominicana. Esa inconformidad está reportada en todos los estudios disponibles, no importa si es en la Demos 2004, en la encuesta CEIS, en Latino barómetro o en el anteriormente citado estudio del PNUD. Sobran las fuentes para afirmar que están en aumento el descrédito de los partidos políticos y de las más encumbradas posiciones en el aparato estatal, y en auge la desinstitucionalización de un Estado supuestamente de derecho, la desconfianza en la justicia y la injerencia no siempre democrática de los llamados poderes fácticos.

Por todo lo cual, a la población le sobran razones para preguntarse, ¿de qué vale una democracia únicamente electoral, aupada por el clientelismo, si es incapaz de garantizar los más mínimos servicios públicos y suprimir el hambre y la pobreza extrema de más de 3 millones de dominicanos y dominicanas?

Si por opiniones es, todo indica que estamos en la antesala de que el problema deje de ser meramente si hace falta una “mano dura”, melliza de la mano invisible que opera en el mercado, para poner en orden la sociedad dominicana, pues nos adentramos en un eventual colapso del sistema democrático tal y como lo conocemos hoy.

De acontecer ese desplome, sin embargo, son previsibles al menos dos efectos inmediatos. Primero, vigencia de regímenes autoritarios y aislamiento político y posteriormente comercial del resto del mundo occidental, por ruptura del único sistema político reconocido en la actualidad como válido por Norteamérica y Europa. Segundo, freno en seco a las inversiones nacionales e internacionales, una vez se pierda el clima de paz ciudadana que constituye el principal activo con que contamos para atraerlas. Irremediablemente, por ambas vías se le propiciará una estocada mortal a nuestra industria exportadora, comenzando por el turismo, y se agravará terminalmente el mal estado de salud competitiva de todo nuestro aparato productivo.

Dicho sea entre paréntesis, ese aparato es otro de nuestros pozos petroleros. No podemos pagar la cuenta de nuestras importaciones y hasta de nuestros derroches y caprichos únicamente con el uso abusivo del poder y con el sudor y el sacrificio impresos en las remesas. Por eso al menos, política y economía son realidades interdependientes. No hay mejor clima de negocios sustentables que el democrático. Para la inserción en los mercados internacionales, pues cualquier intercambio con nuestros socios comerciales requiere cumplir la condicionalidad de no vulnerar los principios democráticos. Y con propósitos de competitividad, porque este objetivo está urgido de mayores inversiones destinadas a la modernización tecnológica, a la dotación de recursos humanos idóneos y a hacer más eficiente los procesos gerenciales.

Así, pues, sobran las razones que obligan a transitar el largo proceso que lleva al manejo democrático de todas las instancias de poder público en el país. La democracia, como forma catalizadora del desarrollo humano, se hace con la política, que es la única actividad que puede reunir la dura y maravillosa tarea de lidiar con la condición humana para construir una sociedad dominicana más digna y equitativa. Pero para que la política impregne a políticos profesionales y a servidores públicos es necesario poner el bien común como norte y defenderlo con acciones impregnadas de valores como la autonomía de hombres y mujeres, el respeto a la ley y la solidaridad. Sólo así llegaremos a ser una democracia de ciudadanos y de ciudadanas capaces de movilizarse e impedir que el consuetudinario saqueo de la cosa pública y la no competitividad de nuestras actividades productivas sequen nuestros pozos de petróleo.
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