El proceso urbanizador de República Dominicana, clasificado como uno de los más intensos de América Latina, ha sido caótico, devorador de espacios circundantes de áreas ya pobladas en perjuicio de la agricultura; con cada quien levantando techos a su antojo, desde apropiados edificios hasta casuchas de miseria; con una mezcla de usos que deteriora la convivencia en los asentamientos humanos e impide establecer un orden favorable al desarrollo económico y social. La demografía de las principales ciudades ha crecido un 50% en 15 años.

Aquellos que crean que la recién promulgada Ley de ordenamiento Territorial sería el comienzo de un cambio favorable pasan por alto la incapacidad en que se encuentran los gobiernos municipales para subordinar el crecimiento urbano a la planificación y a las normativas que de ellos emanen en virtud del nuevo orden legal. Se trata de autoridades regionales en permanente escasez de recursos con responsabilidades que superan sus ingresos que institucionalmente deberían ser el 10% del Presupuesto público y en 2023 no llegan al 2%.

Regulaciones que requerirían aplicar unidos el Estado y los cabildos sin estar previsto que armonicen gestiones sobre una geografía parcelada por contradicciones de banderías políticas dominantes. El doctor Reynaldo Peguero, experto en desarrollo urbano, atina al destacar que el mandato de reordenar territorialmente al país es inaplicable si faltan herramientas técnicas, competencia profesional y fondos.

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