Hoy 
POR EVARISTO RUBENS
La nueva ley de protección de los derechos del consumidor suprimió la Dirección de Control de Precios y creó el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor.
La presidencia de nuevo organismo recae en el secretario de Industria y Comercio, y tiene entre sus atribuciones someter a los infractores ante las instancias judiciales competentes y asistir y asesorar al Ministerio Público cuando este lo requiera.
El titular de Industria y Comercio, licenciado Francisco Javier García, saludó la aprobación de la ley de protección de los derechos del consumidor, la que consideró como un instrumento moderno que adecua a la República Dominicana a las exigencias del mercado global y del recién aprobado Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA).
Dijo que la nueva legislación proporcionará protección real y efectiva al consumidor y garantiza que la oferta de productos, artículos, bienes y servicios, cumpla con normas estrictas de calidad.
«Esta nueva ley revoluciona toda la mecánica con que opera el actual esquema de regulación y control de la calidad y precios de los artículos y servicios que se ofertan en el mercado, pero además, proporciona los mecanismos para que los consumidores se organicen y se conviertan en entes activos en la defensa de sus derechos», dijo el funcionario.
Señaló que Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor, como lo establece la ley, será responsable de tomar las medidas de lugar para garantizar los derechos del consumidor en caso de inexactitud de pesos y medidas, deficiencias de calidad y normas técnicas de los productos y servicios que se ofertan en el mercado.
El secretario de Industria y Comercio advirtió que la nueva ley establece un régimen de sanciones aplicables a los proveedores que violenten las normas y regulaciones de calidad, precios, promoción y publicidad de los artículos de consumo.
«Estamos hablando de un régimen de multas que oscilan entre los 20 y 100 salarios mínimos, aplicable a todo el que violente la ley y no adecue sus actuaciones a las nuevas regulaciones que esta establece», advirtió.
La ley recién aprobada clasifica las infracciones en tres categorías, leves, graves y muy graves, y fija multas específicas para cada caso.
Las infracciones leves conllevan apresamiento y multas de hasta 20 salarios mínimos, mientras que las graves y las muy graves confieren multas de 20 a 100 y de 100 hasta 500 salarios mínimos, respectivamente.
Dos de los aspectos de mayor significación en lo que guarda relación directa con la defensa del consumidor tienen que ver con la obligatoriedad del Instituto, de procurar asistencia o representación legal a los consumidores que se sientan estafados.
También informar y orientar sobre el comportamiento de los precios en el mercado de los productos prioritarios.
«Hay que resaltar que en lo adelante, los productos y servicios deben ser suministrados o prestados en condiciones normales o previsibles y que no presenten peligro o nocividad ni riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del consumidor», dijo.
Expresó que la nueva ley prohibe y sanciona la adulteración o eliminación de las fechas de expiración o de uso permitido en caso de los alimentos, medicamentos u otros productos perecederos, por constituir acciones fraudulentas que conllevan riesgos para la salud y seguridad de los consumidores.
