La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada esta semana por el Congreso de Ecuador, permitirá ingresos adicionales al Gobierno de 620 millones de dólares en 2020 y 650 millones en 2021. La mayor parte de esa recaudación se generará en cuatro impuestos: el primero es la tarifa plana de Impuesto a la Renta para micro empresarios (2% sobre el ingreso), el impuesto temporal (por tres años) a las empresas con ventas mayores a 1 millón, el tributo a los dividendos que se giran al exterior, y la tasa de 10% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para los planes pospago de telefonía celular de personas naturales.

Sin embargo, la normativa también trae ventajas para el bolsillo del ciudadano y los productores, sobre todo, mediante la tarifa 0% de IVA para varios bienes y servicios, y la exención del pago del Impuesto a los Consumo Especiales (ICE), en otros rubros.

La vigencia de la Ley, según José Hidalgo Pallares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), no soluciona los problemas fiscales, pero permite mantener en pie el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque se necesitará que el Gobierno insista en las reformas sobre las cuentas públicas y el Código Monetario y Financiero.
Como consecuencia de los daños económicos del paro de octubre pasado, en la transitoria cuarta se establece que, por esta única vez, las empresas domicilios en Carchi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar, Azuay y Loja podrán acceder a la reducción del 10% en el Impuesto a la Renta por pagar de 2019.
Esto aplica para los negocios cuya principal actividad económica sea la agrícola, ganadera, agroindustrial y turismo.