El presidente Leonel Fernández tiene una buena oportunidad para mejorar la aprobación de su gestión, con la próxima elección de los jueces de los nuevos tribunales Constitucional (TC) y Superior Electoral (TSE) y  la renovación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un proceso de más de un mes que se inicia el próximo jueves 11.

Con una mayoría absoluta en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el mandatario podría responder las expectativas de la opinión pública y las instituciones sociales de fortalecimiento institucional, repitiendo el éxito que alcanzó en 1997, o, por el contrario, imponer jueces a la medida de sus intereses políticos, como algunos temen.

Preciosa oportunidad.  Al doctor Fernández le correspondió estrenar el CNM en su primera elección de jueces supremos en 1997, en virtud de la reforma  constitucional de 1994, y ganó amplio crédito por lo que la opinión pública catalogó de transparente y equilibrada elección. Atendió los reclamos de un movimiento social con sesiones televisadas, que redujeron el margen de predominio de los intereses partidistas.

Pero entonces el mandatario sólo disponía de su propio voto en un organismo donde predominaba la oposición política. Ahora tiene garantizados cinco de los 8 votos, incluido el del procurador general, los presidentes de las dos cámaras legislativas y el segundo delegado del Senado, llevado a esa representación en desmedro del único senador electo en la boleta de otro partido. Si le fallare uno, con una votación empatada a cuatro, apelaría al voto decisorio establecido en la Ley Orgánica del CNM.

Las expectativas de una justa elección de los jueces superiores fueron  recogidas en términos dramáticos por el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, quien reaccionó a la convocatoria clamando porque “el proceso sea transparente, público y abierto. Que los buenos que se alijan se sepa que son buenos, pero que si se decide elegir a los mediocres, que la sociedad sepa y conozca que son mediocres”.

Empero, el presidente del Senado y secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, reaccionó proclamando que el presidente Fernández “es un hombre transparente en todo lo que hace”, y asegurando que la elección “no será afectada por intereses particulares”.

Por su parte el Ministro de la Presidencia, dirigente del PLD y reconocido jurista César Pina Toribio aludió a la experiencia del presidente Fernández en la elección de 1997 para reiterar que habrá transparencia, indicando que “ha dado muestras múltiples de gran equilibrio cuando se trata de hacer selecciones, pero fundamentalmente de propiciar la participación y el consenso”.

Para algunos observadores, el proceso es una oportunidad para que el doctor Fernández mejore la valoración de su gestión, que las encuestas vienen mostrando en picada.

Por lo menos un mes.  Si esta múltiple elección de jueces superiores se conduce con participación social, evaluaciones y ponderaciones, como la de 1997, conllevará al menos un mes, como está previsto en un proyecto de reglamento del CNM que circula sin autoría, aunque en los ámbitos de la sociedad civil se atribuye a legisladores oficialistas.  

El artículo 1 del borrador indica el objetivo de regular el funcionamiento de este órgano, el procedimiento a seguir para la selección de los jueces y la evaluación de desempeño de los de la SCJ. El artículo 13 señala cinco pasos: convocatoria, identificación y preselección de postulantes, vistas públicas de evaluación, selección de jueces, y juramentación. En el 23 se indica el perfil con 16 condiciones profesionales, de integridad, temperamento, reputación, independencia y otras.

El proyecto, de 9 capítulos y 35 artículos, demandaría más de una semana para su estudio, ponderación y aprobación. Prevé un mecanismo que incluye un plazo de 10 días para que instituciones y personas presenten candidaturas con los correspondientes expedientes de acreditación,  luego una reunión del CNM para realizar una preselección de postulados, 5 días para hacerlos público y llamar a vistas públicas y televisadas de evaluación individual, que pudieran agotar varios días dependiendo de la cantidad de aspirantes. Y sólo después las sesiones necesarias para elegir los jueces de los tres organismos, las que serían “a puerta cerrada”.

El proyecto de reglamento ya ha sido analizado por los dirigentes y juristas que integran una “Coalición por la Transparencia en la elección de los jueces” encabezada por FINJUS, Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana, Cámara Americana de Comercio y Confederación Patronal. Abogan, como lo hicieron en 1997, porque las deliberaciones y votaciones para elegir también sean televisadas, y preparan observaciones al borrador.

La experiencia de 1997.  En 1997 el CNM se estrenó con 7 miembros. Con el Congreso casi parejo en virtud del trauma electoral de 1994, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano disponían cada uno de dos delegados. Amable Aristy Castro y Francisco Féliz y Féliz por los primeros, y Milagros Ortiz Bosch y Rafael Peguero Méndez por el otro. Los reformistas contaban con un tercer voto, el del presidente de la SCJ Ernesto Contín Aybar. Amadeo Julián, el otro delegado y voz crítica del desprestigiado tribunal, se mantuvo independiente. Aspiraba a ser ratificado y tenía merecimientos pero al final fue víctima de la barrida total. 

El presidente Fernández y la senadora Ortiz Bosch, fueron claves para la transparencia del proceso y el predominio de juristas independientes de los intereses partidistas y de reconocimiento profesional, con tres sesiones televisadas de vistas públicas y votación, a quienes tendió a sumarse el juez Julián. Peguero Méndez apareció más inclinado a coincidir con los reformistas buscando intercambios de patrocinados, y despertando a Contín Aybar cuando le tocaba votar.

En años de apogeo, la coalición de la sociedad civil tuvo un papel relevante, con una campaña que reclamó y obtuvo participación y transparencia. 48 organizaciones sociales presentaron candidaturas. Evaluaron a los 20 más votados en dos programas de dos horas cada uno realizados por Teleantillas, modelo que aceptó seguir el CNM para la elección que concluyó a la 1.50 de la madrugada del 3 de agosto.

Al final se logró que no fuera electo ningún dirigente político, como se pretendió. De los 16 jueces escogidos, 12 (el 75 por ciento) fueron de los promovidos por la sociedad civil, incluyendo los 6 electos a unanimidad y los 5 que obtuvieron 6 de los 7 votos del CNM. Cinco fueron mujeres, equivalentes al 31 por ciento.

El doctor Subero Isa, promovido originalmente por los reformistas para presidir la SCJ, fue aceptado por los perredeístas, mientras el presidente Fernández se abstuvo de votar por él. La sociedad civil no lo objetó, reconociéndole capacidad y honestidad. El doctor Bernardo Fernández Pichardo, quien aspiraba a presidir el tribunal, no aceptó ser un juez más y declinó su elección. La opinión pública celebró la elección de los jueces como esperanzadora para la institucionalidad de la justicia.

Trascendente coyuntura

Con la convocatoria del CNM para el día 11 se abre un proceso trascendente para la institucionalidad democrática nacional, ya que serán escogidos los 13 jueces que integrarán por primera vez el TC, los cinco para el TSE, y sus respectivos suplentes, instituidos en la Constitución del 2010. Al mismo tiempo será renovada por lo menos la mitad de la SCJ, para sustituir a dos titulares fallecidos y a seis que superan la edad límite de 75 años. Los otros ocho serían objeto de evaluación atendiendo al artículo 181 de la carta magna. El total a elegir será un mínimo de 31 y máximo 39 jueces.

La trascendencia de esta elección cobra mayor dimensión por tratarse de jueces inamovibles que en el caso de la SCJ serán evaluados a los 7 años, los del constitucional tendrán un único período de 9 años y los electorales por 4 años, y porque sobre ellos recaerá el control de la justicia, la interpretación de la Constitución de la República y la función contenciosa de los actos electorales.

Entre políticos opositores, juristas y líderes sociales se han venido expresando temores de que la concentración de poder en manos del presidente Fernández pueda trascender su mandato imponiendo jueces que respondan a sus intereses personales y partidistas, lo que podría originar por lo menos tensiones con un próximo presidente de la nación, aún de su propio partido.

Los temores fueron reiterados esta semana tras la convocatoria del CNM, por parte de comentaristas y, especialmente, de las instituciones sociales que promueven el fortalecimiento institucional y democrático. La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a través de su vicepresidente ejecutivo, doctor Servio Tulio Castaños, apeló a la responsabilidad del mandatario, indicando que “él tiene la oportunidad de catapultarse en este proceso, más aún cuando ya casi se retira del Gobierno”.