NUEVA YORK. AFP. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, firmó el viernes dos leyes que recortan la cooperación de la ciudad con las autoridades federales de Estados Unidos para casos de deportación de inmigrantes indocumentados, un mensaje a Washington para aliviar la situación de millones de ilegales.  

La cooperación de las autoridades de Nueva York con responsables de inmigración y aduanas federales para casos de deportación se limitará, a partir de ahora, a «instancias en las que haya problemas de seguridad pública» o a «aquéllos condenados por delitos graves o violentos», señaló la alcaldía en un comunicado.

El anuncio tiene lugar en un momento crucial para los indocumentados en Estados Unidos, ya que el presidente, Barack Obama, se apresta a tomar medidas para evitar la deportación de unos 5 millones de ellos, a pesar de la reciente derrota electoral sufrida contra los republicanos en las elecciones legislativas de medio mandato, según el diario New York Times.

«Las deportaciones en masa no sólo han separado a miles de familias neoyorquinas, sino que también han socavado la seguridad pública en nuestras comunidades e impuesto castigos desproporcionados a familiares y esposos de inmigrantes», afirmó el alcalde demócrata Bill De Blasio, citado en el comunicado.

«Hoy enviamos otro mensaje a Washington de que llegó la hora de actuar para dar alivio a tantos individuos que contribuyen al crecimiento de nuestra nación», agregó.

En 2011, Nueva York fue una de las primeras ciudades estadounidenses en limitar su respuesta a los pedidos de detención de las autoridades federales de inmigración y aduanas, reduciendo la cooperación a «entre el 60 y 65%», según la alcaldía.

Las leyes firmadas por De Blasio «consolidan ese liderazgo» ya que para las detenciones se exigirá una orden judicial, lo que podría llevar el porcentaje de arrestos a «virtualmente cero» y evitar que entre 2.000 y 3.000 neoyorquinos sean apresados por año.

Un caso testigo. Durante una conferencia de prensa en la sede de la alcaldía, De Blasio presentó a un dominicano, Carlos Rodríguez, como caso testigo de esos «castigos desproporcionados» de los cuales habló.   Rodríguez llegó en 2006 a Nueva York con un visado de corta duración para intercambios culturales J-1, conoció a su actual esposa, se casó, tuvieron una hija y decidió quedarse en Estados Unidos.

En febrero del año pasado, fue arrestado por supuesta violación de propiedad privada, cuando en realidad estaba visitando a un amigo, por lo que la policía abandonó los cargos en su contra, según palabras del propio Di Blasio.

Sin embargo, no fue liberado por un pedido de detención de las autoridades federales de inmigración y aduana en relación con su estatuto migratorio, una situación que se mantuvo a lo largo de ocho meses, periodo en el cual perdió su trabajo y apenas pudo ver a su familia.

Si bien finalmente fue liberado gracias a la tarea de abogados de una ONG defensora de los derechos de los inmigrantes, Rodríguez todavía lucha por no ser deportado.

«Es un neoyorquino como nosotros, un hombre de familia que trabaja duro, luchando sólo para poder quedarse aquí y continuar construyendo su familia. Esta es la razón por la cual estas leyes son tan importantes», recalcó De Blasio.

La dura derrota electoral sufrida por los demócratas el pasado 4 de noviembre alejó por completo la esperanza, ya reducida, de que el Congreso en Washington aprobara una reforma migratoria, principal promesa de Obama en su campaña a la reelección en 2012.

Pese a ello, Obama advirtió que estaba dispuesto a usar sus facultades ejecutivas y firmar decretos sobre este espinoso tema, lo que pone fuera de sí a los fortalecidos líderes republicanos, quienes a partir de enero controlarán las dos cámaras del Congreso.