Hoy 
La epidemia de cólera surgida en Haití es una seria amenaza para nuestro país. La inmigración constante, sobre todo la ilegal, el intercambio comercial fronterizo y otros factores dan carácter a los riesgos de contagio.
En materia sanitaria, poco ha pasado en este país paupérrimo, cuya capital fue destrozada por el terremoto del 12 de enero de este año, que causó cientos de miles de muertos. Las condiciones sanitarias son pésimas por la falta de servicios básicos, y atgravadas por el hacinamiento.
Una preocupación que no podemos ocultar nace de la posibilidad de que los controles sanitarios que dicen estar adoptando las autoridades ante el cólera, llegaran a resultar tan porosos y frágiles como los controles migratorios. O que fuesen tan ineficaces como los aplicados para tratar de contener nuestra más reciente epidemia de dengue.
Hay que extremar los controles en la frontera sobre venta de alimentos y disposición de heces fecales. El intercambio comercial en los mercados binacionales debe estar bajo estricta vigilancia sanitaria. No debe faltar agua realmente potable. Hay que aislar y atender en el acto cada caso sospechoso de cólera.
Dengue, leptospirosis y malaria ya nos han mortificado bastante. Hagamos que esta vez los controles sanitarios funcionen como demandan las circunstancias.
Corrupción: tema espinoso
El cargo oficial más frustratorio parece ser el de director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), que antes fue Prevención de la Corrupción (DEPRECO). Desde su fundación el 24 de julio de 1997, por el decreto 322-97, ha tenido como directores a los juristas Justo Pedro Castellanos, Jaime Martínez Durán, Jesús Feliz Jiménez, Octavio Líster y el actual, Hotoniel Bonilla. En su momento, cada uno de ellos se quejó de que jamás se dio curso y seguimiento a numerosos casos de sospecha de corrupción que ellos investigaron y sometieron a las instancias correspondientes.
Por ejemplo, el director actual afirmó hace poco que ha manejado expedientes sobre corrupción que involucran RD$104,000 millones en perjuicio del Estado. Nadie ha sido castigado por eso.
La Cámara de Cuentas también tiene experiencias decepcionantes por la suerte que corren resultados de auditorías que revelan pecados.
