La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) ha renovado la presidencia de algunos de sus comités de trabajo, acción habitual que permite a la organización fortalecer su aporte para mejorar el clima de negocio, comercio e inversión del país.

Alexander Schad, presidente Ejecutivo de Schad, sustituye a José Nelton González al frente del Comité de Facilitación de Comercio. María Waleska Álvarez, presidenta de Nap del Caribe, hace lo propio con Julio Adames.

Por último, María Esther Fernández, socia de Russin Vecchi & Heredia Bonetti, releva en la responsabilidad a Mary Fernández.

Todos los salientes se mantienen como miembros de sus respectivos comités, a los que pertenecen de manera voluntaria profesionales de alto nivel.

Rafael Velazco, gerente general de Raveza, y Nassim Alemany, socio de Economía de Deloitte RD, permanecen al frente de los comités de Energía y de Economía, respectivamente.

A través de sus comités de trabajo, AMCHAMDR aporta contenidos al debate público a través del cual se busca mejorar el clima de negocios e inversión en la República Dominicana en las áreas que directamente le competen.

El decreto que autoriza la conformación de centros logísticos en el país o la Ley de Quiebras son dos ejemplos recientes en los que AMCHAMDR ha jugado un rol estelar al participar directamente en los procesos que se han llevado a cabo para su aprobación.

La modernización de la Ley General de Aduanas, lograr hacer funcional el ámbito de la Jurisdicción Inmobiliaria, poner en marcha acciones que permitan sacarle provecho al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DRCAFTA), avanzar hacia la conectividad digital total de calidad de la República Dominicana, alcanzar un Pacto Eléctrico que realmente solucione la crisis del sector con garantía de eficiencia y sostenibilidad, y lograr un Pacto Fiscal que también incluya medidas llamadas a garantizar calidad del gasto público, son procesos en los que trabajan los comités de trabajo de AMCHAMDR.

A través de ellos, también se busca impulsar una mayor fortaleza institucional y mayor respeto al estado de derecho como garantías de prosperidad y equidad para el sistema productivo y los ciudadanos del país.