Las nuevas medidas para facilitar las deportaciones tienen en ascuas a las comunidades de inmigrantes y los abogados les recomiendan que reúnan toda la documentación posible –comprobantes de pagos, contratos de alquiler de viviendas e identificaciones de gimnasios– para demostrar que han vivido en Estados Unidos.
La incertidumbre acerca de qué impacto tendrán estas medias genera confusión y hace que resulte más difícil dar asesoría a los inmigrantes sin permiso de residencia. Abogados y organizaciones de activistas a veces hacen recomendaciones contradictorias acerca de si conviene tener siempre encima esos documentos. Las nuevas normas permiten a los funcionarios del servicio de inmigración deportar a toda persona que lleva en el país menos de dos años. Actualmente las autoridades solo pueden ejercer esas atribuciones a una distancia de hasta 160 kilómetros de la frontera con México y con personas que llevan menos de dos semanas en el país. Detractores de esta política dicen que envalentonará a los agentes de Aduanas para que la emprendan indiscriminadamente contra los inmigrantes, privándolos de llevar sus casos ante un juez o de consultas con abogados. Se calcula que unos 300,000 inmigrantes podrían ser afectados por esta medida.