POR MARIO MENDEZ
Las nuevas normas prudenciales obligarán a los bancos a tomar en cuenta el nivel de riesgo de cada sector de la económica, al otorgar los préstamos a sus clientes, trascendió ayer.

De acuerdo a lo explicado, esta nueva normativa endurecerá las condiciones para el otorgamiento de financiamiento a empresas que operen en sectores con alto nivel de riesgo, mientras que permitirá que las condiciones sean más blandas para las empresas que pertenecen a sectores con un alto nivel de competitividad.

Se consideró que entre los sectores que podrían resultar no lesionados por la aplicación de estas nuevas normas, aplicadas por las autoridades en base a las auditorías asistidas de organismos internacionales, estarían aquéllos que han mostrado un mayor dinamismo en los últimos años, entre los cuales están zonas francas, turismo y telecomunicaciones.

En cambio, podrían resultados afectados negativamente, sectores como la agropecuaria y la industria que produce para el mercado interno.

De acuerdo a lo indicado, la aplicación de las nuevas normas es irreversible y, de hecho, ya hay bancos que han ordenado estudios de competitividad por sectores, para dar cumplimiento a las mismas.

Se explicó que mientras mayor es el índice de riesgo de un sector, la empresa del mismo que solicite crédito tendría que pagar una tasa de interés mucho más alta, para cubrir ese nivel de riesgo.

Además, a las empresas que operan en los sectores de más alto riesgo les resultaría más difícil el acceso al crédito, ya que los bancos evitarían aumentar su cartera a esos sectores debido a que tendrían que crear mayores provisiones de fondos para respaldarlas, lo cual afecta negativamente sus utilidades.

Un sector que tradicionalmente se ha quedado por su limitado acceso al crédito es el agropecuario por los altos riesgos de ese sector, particularmente los relacionados con fenómenos atmosféricos.

Ese sector se haría ahora más riesgoso, ya que el riesgo del mercado aumentaría con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, según han denunciado empresarios agropecuarios.