Buscando la fiebre en la sabana, ahora se habla de reformar el Código Procesal Penal para enfrentar la delincuencia. Eso está muy bien, pero las raíces de este flagelo está en otras dimensiones.

El desempleo, la extendida pobreza y el alto costo de la vida, son apenas tres de ellas, que mueven a mucha gente a delinquir simplemente para sobrevivir. Además, tenemos una Policía Nacional corrompida, donde los salarios de miseria que reciben no le dejan otra opción que proteger a esos mismos delincuentes y narcotraficantes o convertirse en uno de ellos. Nadie arriesga su vida por ese salario y mucho menos permite profesionalizar la institución policial.   

Pero toda la preocupación se centra en la delincuencia de la clase marginal, la que maltrata a la sociedad y pone en riesgo su vida. No obstante, los orígenes de esa delincuencia están estrechamente vinculados con otras formas de delinquir que se origina en corazón del propio Estado Dominicano.

Es lo que mueve a la gente y a los mismos agentes del orden público a pensar que si los de arriba roban y protegen a narcotraficantes con total impunidad, porque ellos no hacen lo mismo. Ahora que condenaron a los implicados en el caso Figueroa Agosto, ¿dónde están los políticos y militares que protegieron y movieron la droga de este funesto personaje? Obviamente, protegidos por algún poder del Estado donde la justicia no llega y eso no lo cambia un nuevo Código.  

Por eso, no solo hay que modificar el Código Procesal Penal sino reformar otras cosas más importantes. Por ejemplo, una de ellas es la eliminación del barrilito en el Congreso de la República. Es una corrupción santificada, que deshonra al Estado, es humillante y vergonzosa y conmueve la moral pública.

Otra importante reforma tiene que ver las obras públicas financiadas con préstamos atados y asignadas sin concurso. Esto debe prohibirse por ley ya que es otra forma de corrupción masiva que le está costando al país miles de millones de pesos por sobre-costos y comisiones, que se van a los bolsillos de congresistas, funcionarios públicos y contratistas.

Pero veamos qué pasa en el Poder Ejecutivo. Otra reforma debería prohibir que el Presidente de la República, sea quien sea, maneje un presupuesto más alto que el de los Ministerios de Educación y Salud. Esa asignación presidencial, que se usa con dudosa discrecionalidad y con fines clientelistas, nunca debería superar el 5% del presupuesto total de gastos. O sea, RD$21,800 millones, en vez de los RD$48 mil millones que tiene asignado en el 2012, con lo que se eliminan de cuajo múltiples organismo chupa sangre que merodean como ratas en el entorno presidencial. 

Otra reforma trascendental es fijar en la Constitución un tope a los déficits fiscales. Es una irresponsabilidad mayúscula presentar un presupuesto electorero para el 2012, con un déficit de RD$50,000 millones, cuando van cuatro años repitiendo lo mismo, teniendo que financiar tales excesos con más deudas. El déficit del 2012 superará los RD$70,000 mil millones, porque en el 2011, fue estimado en RD$33,000 mil millones y cerrará por encima de RD$50,000 mil millones.

Y así podemos mencionar otras reformas para combatir la delincuencia del poder y la transgresión del quehacer público.

Para luchar con éxito contra la delincuencia de la clase marginada es necesario acabar con la impunidad de las infracciones estatales. Habría ahorros sustanciales para fortalecer la Justicia, reformar la Policía y las FF. AA. y crear miles de empleos.

Reformemos el Código Procesal Penal, pero que se incluyan otras reformas que aquí mencionamos. Así saneamos todo de una sola vez.