Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Casi sin darnos cuenta y como al margen de todo, aparece un cambio en el patrón que hasta ahora se ha seguido en las relaciones entre el gobierno de turno y la oposición política. Unos y otros están dialogando, están hablando, se están viendo las caras y están sonriéndose y, lo más importante, se están entendiendo y están llegando a acuerdos.
En días pasados Temístocles Montás, el activo secretario Técnico de la Presidencia, sorprendió a la opinión pública cuando le anunció que el Poder Ejecutivo y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, ambos del PRD, habían acordado recortar las partidas presupuestarias solicitadas por los dos integrantes del Poder Legislativo.
Esta noticia, recibida con reservas por lo inusitada en el ambiente político dominicano, fue pocas horas después confirmada por el apacible senador Bautista y el sonriente y dinámico Alfredo Pacheco. Dijeron que después de escuchar los razonamientos de los técnicos del Fondo Monetario Internacional y de los funcionarios del gobierno, convinieron en disminuir en más de mil millones de pesos para ambas cámarasla solicitud presupuestaria.
Pero eso no es todo. Los mismos técnicos del gobierno se reunieron luego con los principales directivos de la Federación de Síndicos y acordaron aplicar de manera parcial ley que canaliza hacia los ayuntamientos una porción de los ingresos ordinarios del Estado. Este sacrificio representó para los cabildos varios miles de millones de pesos, pero consideraron oportuno hacer su aporte a la búsqueda de una solución a la crisis económica del país.
Como puede apreciarse, ha habido un cambio significativo en la manera de relacionarse y de entenderse entre el gobierno y la oposición. Este fenómeno político tiene mayor significado si se toma en cuenta que tanto el Congreso Nacional como los ayuntamientos son mayoritariamente dominados por el PRD, el partido que fue desplazado del poder por el PLD gobernante.
Ahora nos encontramos con otras actuaciones dentro del nuevo patrón de relaciones entre el gobierno y la oposición. En el marco del Diálogo Nacional, los principales dirigentes de los tres grandes partidos y altos funcionarios gubernamentales se han puesto de acuerdo en lo siguiente: a) redactarán una ley que dote de personería jurídica a las policías municipales, b) el gobierno devolverá los vehículos pesados incautados a los ayuntamientos, c) revisarán la polémica Ley de Primarias, para introducirle modificaciones de consenso, y d) harán todos los esfuerzos necesarios para salvar el Tratado de Libre Comercio.
Hay que celebrar y aplaudir este cambio en la conducta de los partidos y de sus líderes, y también en la conducta del gobierno y sus funcionarios. Porque cuando esto ocurre nos parece que somos más racionales, más civilizados y que tenemos mejor sentido de la política, es decir, de la manera de gobernar la ciudad, que es el sentido original y la razón de ser de la política.
Por años, distintos sectores de opinión pública y estudiosos de las ciencias políticas han planteado la conveniencia de la existencia de vías permanentes de diálogos, de consultas, de asesorías y de entendimiento entre los distintos grupos políticos que, amparados en el voto ciudadano, tienen la responsabilidad de dirigir la nación. Aquí se ha rehuido sistemáticamente este camino porque la política se concibe como un match, como una confrontación con matices bélicos, no como una alianza entre fuerzas que representan la opinión y hasta los sentimientos ideológicos de sectores poblacionales.
Las grandes decisiones políticas, económicas, sociales, educativas, de orden público, etcétera, de un país tienen que ser adoptadas con la participación de todos los partidos, incluyendo los minoritarios. No que haya consenso, porque la democracia no es consenso, pero que haya consultas, acercamientos, diálogos y cooperación. Cuando es posible hacerlo así, entonces podemos hablar de una democracia madura.
Los ciudadanos debemos contemplar estos hechos con beneplácito. Y debemos esperar que este sea un comienzo que deberá consolidarse y que deberá hacer grandes contribuciones al desarrollo político y al desarrollo económico-social del país. Por supuesto, la mayor responsabilidad de que este ensayo termine así recae sobre el Poder Ejecutivo, sobre todo en un régimen sobremanera presidencialista.
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